La evidencia de casos recientes confirma una realidad incómoda: Ecuador necesita reforzar su control migratorio.
La presencia de delincuentes buscados internacionalmente, que ingresan y permanecen sin mayores obstáculos, expone fallas graves en la vigilancia de los puntos de entrada. No se trata de estigmatizar la migración, sino de reconocer que la seguridad nacional exige controles eficaces, coordinados y permanentes en fronteras y procesos de ingreso.
Uno de los factores que explica esta debilidad es la aplicación laxa del principio de ciudadanía universal. La eliminación de requisitos estrictos facilitó la movilidad humana, pero también redujo los filtros para detectar antecedentes penales. Esa omisión permitió que personas con historial delictivo se establecieran en el país, incluso camufladas como empresarios o inversionistas, sin un cruce adecuado de información internacional.
Mientras otros países endurecen políticas y deportan a ecuatorianos que migran por inseguridad o falta de oportunidades, Ecuador mantiene controles permeables. El traslado en 2025 de ciudadanos colombianos presos, con prohibición de reingreso por 40 años, y la posterior detención de uno de ellos en Quito, evidenció la fragilidad del sistema y la falta de seguimiento efectivo.
Fortalecer el control migratorio no contradice los derechos humanos ni la tradición de acogida; por el contrario, hace que el ingreso sea más seguro.
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