A partir del decreto 126, en el que el presidente Noboa eliminó el subsidio al diésel —decisión que, a criterio de expertos y de los organismos multilaterales que financian nuestros desequilibrios financieros, era necesaria y urgente—, se produjo el detonante que ocasionó tormentas políticas, las cuales hicieron caer a más de un gobierno y provocar un decrecimiento económico.
Es lógico, entonces, que el redireccionamiento busque ajustar el presupuesto del Estado para que el ahorro generado al Gobierno se convierta en inyección de recursos para la reactivación económica con inclusión social que tanto demanda el país.
Sin embargo, al analizar el destino de los 1.200 millones de dólares ahorrados, se observa que un valor cercano al 20 % beneficiará a más de 25.000 choferes, quienes recibirán entre 400 y 1.800 dólares mensuales cada año, para evitar que suba el valor del transporte de pasajeros, según su cobertura urbana, intracantonal, intra e interprovincial.
Otro 20 % se destinará a la producción de cien mil familias con el Bono Raíces, equivalente a 1.000 dólares por productor, incluyendo 1.200 tractores para las organizaciones agropecuarias y más de 20.000 motores fuera de borda, que se estima recibirán unas 400 organizaciones de pescadores artesanales de la costa.
Si se suma el 5 % destinado a 55.000 nuevos beneficiarios del BDH, puede concluirse que las medidas ya utilizaron el 45 % del ahorro para soportar la tormenta, sin poder garantizar que bajará de intensidad si la realidad de la población pobre —residente en las zonas marginales urbanas y en las comunidades del sector rural— no cambia.
La pregunta que debemos hacernos es si realmente se quiere ver a la pobreza como gasto o como inversión, porque, si los pobres siguen siendo el problema, no bastan las medidas sin acciones concretas que mejoren la salud, la educación, la seguridad y la infraestructura para los 250.000 nuevos empleos anuales propuestos en el nuevo Ecuador.
Para que los pobres sean los únicos soldados que ganen la guerra interna y para sostener la confianza recibida en las urnas, se requiere otro 15 % del ahorro logrado, es decir, 180 millones de dólares, destinados al Bono Alimento o canasta solidaria del MIES, entregada a 1’500.000 beneficiarios a través de proyectos productivos. Tendrá un precio original de 10 dólares, equivalente al 25 % de la demanda mensual y al 30 % de la necesidad nutricional, pagados por el Estado a las mismas organizaciones identificadas en las medidas compensatorias.
Esta medida sí garantiza un mercado seguro que mensualmente comercializará entre 15 y 60 millones de dólares, subsidiando con los gobiernos locales el 75 % restante, con lo que serán 720 millones de dólares anuales que circularán entre los beneficiarios de bonos y pensiones del Estado.
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