La carretera Rocafuerte, Charapotó, San Jacinto, San Clemente y Bahía de Caráquez, vital para el comercio, el turismo y la movilidad ciudadana en la costa norte manabita, se encuentra hoy en un estado totalmente deplorable.
Esta vía se ha transformado en un camino casi intransitable, con tramos que parecen más caminos vecinales que una vía estatal. Los huecos han reemplazado al asfalto y el riesgo de accidentes ha crecido de forma alarmante.
Fui invitado a la feria del libro en San Vicente para presentar mi más reciente creación literaria, la novela Bajo las ruinas del alma, el sábado 11 de octubre de 2025, evento organizado por el escritor Juan Carlos Luque. Mientras conducía, frecuentemente tenía la sensación de que los automóviles y camiones que venían en sentido contrario se me abalanzaban, pero entendí que no era su culpa, ya que yo también me vi obligado a realizar las mismas maniobras. Tanto ellos como yo debíamos esquivar los huecos para proteger el vehículo y no destrozarlo al caer en los cráteres.
Entendí que recorrer esta vía es un acto de supervivencia. Los conductores se ven obligados a invadir el carril contrario, exponiéndose a choques frontales. La maniobra es inútil en muchos casos, ya que se evita caer en uno solo para aterrizar en tres o más huecos. Este deterioro no solo pone en peligro vidas humanas, sino que afecta a la economía local.
Entre 2023 y 2025, el Gobierno ha anunciado millonarias asignaciones presupuestarias para infraestructura vial. Sin embargo, surge una gran interrogante: si los fondos del presupuesto han sido ejecutados en su totalidad y, sobre todo, si han sido correctamente dirigidos. Al parecer, con el ánimo de ahorrar dinero no se invierte todo lo presupuestado y las consecuencias están a la vista. En tal sentido, la opacidad en el manejo de los fondos públicos y la ausencia de fiscalización han permitido que la situación de muchas carreteras empeore cada día.
Es momento de replantear el modelo de gestión vial. El Estado debe establecer contratos transparentes con mecanismos de seguimiento y sanción. Se necesita inversión pública eficiente, pero también voluntad política. Es urgente descentralizar las decisiones sobre mantenimiento vial, permitiendo que los gobiernos locales, con veeduría ciudadana, administren parte de los recursos. Nadie conoce mejor las necesidades de una vía que quienes la transitan.
La carretera Rocafuerte-Bahía no puede seguir siendo símbolo del abandono estatal. Recuperarla es un acto de justicia. El país no puede desarrollarse sobre carreteras inservibles: se necesitan con urgencia rutas seguras y transitables.
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