La centralización de compras en salud ha fracasado porque los hospitales continúan desabastecidos y no ofrecen condiciones dignas para atender a la ciudadanía. El modelo prometía eficiencia, pero el tiempo demuestra que no ha garantizado insumos ni personal suficiente.
La evidencia reciente muestra hospitales en los que faltan medicamentos esenciales y hay servicios suspendidos por falta de personal, hechos que vulneran el derecho a la salud. Según el marco constitucional, el Estado debe asegurar el acceso oportuno a bienes y servicios sanitarios, por lo que la precariedad actual evidencia una gestión deficiente que requiere revisión profunda.
El esquema centralizado se implementó con la intención de transparentar procesos y evitar sobreprecios, pero, visiblemente, ha generado demoras operativas y dependencia excesiva de decisiones administrativas lejanas a las realidades locales. Es evidente que la burocracia impide responder con agilidad a necesidades básicas.
El Gobierno debe corregir el sistema, descentralizar decisiones y priorizar el abastecimiento continuo. La salud ciudadana no puede seguir sometida a la lentitud de los procesos mientras la gente ve mermados los servicios.
