La producción arrocera ecuatoriana pierde competitividad porque el Estado mantiene una burocracia costosa y una carga impositiva que asfixia al productor. Esta postura es firme: sin un giro inmediato hacia un entorno más simple y eficiente, el país seguirá retrocediendo frente a sus vecinos.
Los agricultores enfrentan trámites lentos que encarecen cada insumo, mientras los impuestos elevan los costos por encima de lo que permite un mercado abierto. Esta estructura obstaculiza la tecnificación y condena a los productores a rendimientos entre 4,1 y 5,1 toneladas por hectárea, muy lejos de las 7 u 8 toneladas logradas en Perú. La diferencia no se explica por la tierra, sino por decisiones económicas equivocadas.
Durante la última década, Perú impulsó apertura, inversión y eficiencia institucional, lo que permitió mayor productividad y menores costos por saca. Ecuador optó por controles, prohibiciones y tributos que distorsionan precios y fomentan el contrabando, sin resolver el problema central: producir es demasiado caro.
Es urgente simplificar el Estado y reducir impuestos. La agricultura no necesita protección artificial, sino libertad para competir sin un socio estatal que cobra mucho y aporta poco.
