Las zonas de riesgo en Manabí requieren una atención inmediata que hasta hoy no ha sido asumida con la celeridad que corresponde.
Las autoridades locales deben actuar antes de que la próxima estación lluviosa agrave una situación que pone en peligro vidas humanas y bienes materiales. Hay que ejecutar obras de mitigación y reubicación donde el riesgo está plenamente identificado.
Ejemplos sobran. Las colinas que rodean Portoviejo y el sector El Verdún de Tosagua siguen habitados pese a informes técnicos que advierten de posibles deslizamientos. En varios casos, las familias han vuelto a sus viviendas porque las reubicaciones prometidas nunca se concretaron, lo cual refleja una gestión ineficaz que ignora el deber de prevención y la obligación de proteger a la ciudadanía.
Desde hace más de una década se advierte sobre la vulnerabilidad del suelo, la deforestación y el avance urbano sin control. Sin embargo, la respuesta institucional en toda la provincia ha sido mínima. En lugar de ordenanzas y otras formas de política sostenida, se realizan acciones aisladas una vez que el desastre ha ocurrido.
Identificar las zonas críticas, invertir en muros de contención, drenajes y campañas de reubicación dignas es una tarea urgente. Cada año que se posterga una decisión se amplía la lista de víctimas potenciales.
