La empresa OCP Ecuador paralizó por segunda vez en menos de una semana el transporte de crudo en el sector del kilómetro 100, parroquia Gonzalo Díaz de Pineda, cantón El Chaco, provincia de Napo. La medida se tomó la tarde del lunes 7 de julio debido al avance de la erosión regresiva en el río Coca y sus afluentes, que provocó un deslizamiento de tierra y dejó expuestas las tuberías de los oleoductos OCP, SOTE y los poliductos.
En un comunicado, la empresa explicó que se priorizó la seguridad operativa y la protección ambiental ante la amenaza constante que representa el fenómeno geológico. Técnicos trabajan actualmente en la construcción de un nuevo bypass para restablecer el servicio de manera segura y en el menor tiempo posible.
Falta de solución ante la erosión del Coca
La industria hidrocarburífera de Ecuador enfrenta nuevamente una parálisis forzosa. Petroecuador y OCP Ecuador suspendieron el bombeo de crudo a través del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) y el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) como medida preventiva ante el avance de la erosión del Coca en la provincia de Napo. Esta es la quinta emergencia de gran magnitud desde 2020, un problema cíclico que le cuesta al país aproximadamente 19 millones de dólaresdiarios y pone en evidencia la urgente necesidad de soluciones estructurales.
Reinaldo Armijos, exgerente de Petroecuador, criticó la falta de una solución definitiva: "Esta no es una situación nueva: se repite todos los años y seguimos sin tomar la decisión clave: construir un nuevo trazado para los ductos", manifestó en una entrevista con Teleamazonas, en la que también criticó que “seguimos con soldaduras y desvíos provisionales que solo garantizan que el próximo desastre sea cuestión de tiempo”.
La suspensión obligó al Ministerio de Energía y Minas a declarar la condición deFuerza Mayor en los contratos de exportación de crudo, una figura legal que exime al Estado de responsabilidades por incumplimiento debido a circunstancias imprevistas. Sin embargo, la recurrencia del fenómeno erosivo, que ya ha provocado más de una decena de intervenciones en los últimos cuatro años, debilita la imagen de Ecuador como un proveedor fiable en los mercados internacionales y agrava la presión sobre las finanzas públicas.
Millonaria factura de la crisis petrolera
El impacto económico de cada paralización es severo. Según cifras oficiales de Petroecuador, la suspensión de operaciones detiene el transporte de aproximadamente 390.000 barriles de crudopor día, sumando la capacidad del SOTE y del OCP. Esta interrupción no solo retrasa las exportaciones, sino que obliga a un apagado progresivo de los pozos en la Amazonía una vez que la capacidad de almacenamiento en los tanques llega a su límite.
Desde que el fenómeno de la erosión regresiva se aceleró en2020, el Estado ecuatoriano ha destinado más de 50 millones de dólares en la construcción de variantes y reparaciones temporales. Estos desvíos o bypasses son soluciones provisionales que sortean los tramos del ducto en riesgo inminente. No obstante, expertos del sector advierten que son parches costosos que no resuelven la raíz del problema, pues el río ha demostrado tener un comportamiento agresivo, llegando a avanzar hasta 900 metrosen una sola semana en eventos pasados.
Las pérdidas acumuladas por las continuas emergencias superan con creces el costo de las reparaciones. Se estima que, en los últimos años, el país ha dejado de exportar más de 1,9 millones de barriles en total debido a estas interrupciones. El costo de detener y reactivar un pozo petrolero, un proceso técnicamente complejo, añade una carga financiera adicional que puede oscilar entre 8.000 y 20.000 dólares por cada pozo, dependiendo de sus características.
Soluciones planteadas a la erosión
Frente a la crisis petrolera recurrente, la discusión sobre una solucióndefinitiva vuelve a tomar fuerza. Autoridades del Ministerio de Energía y Minas han reconocido que existen estudios técnicos avanzados para la construcción de un nuevo trazado para los dos oleoductos principales y el poliducto, alejándolos de la zona de alto riesgo del río Coca. Estos estudios, en los que ha colaborado el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos, proponen una ruta más segura y estable a largo plazo.
El costo estimado para este proyecto estructural ronda los200 millones de dólares. Aunque la cifra parece elevada, palidece en comparación con las pérdidas diarias que genera cada paralización. La inversión se recuperaría en menos de dos semanas de operación ininterrumpida, garantizando la estabilidad del flujo de crudoy, por ende, de una de las principales fuentes de ingresos del país. El gobierno actual analiza las opciones de financiamiento para esta obra estratégica, aunque aún no se ha definido un cronograma de ejecución.
Consecuencias operativas
La paralización de los ductos no solo tiene consecuencias económicas, sino también operativas y logísticas. El proceso de detención de la producción implica una serie de pasos críticos para preservar la integridad de los pozos y facilitar su futura reactivación. Entre las implicaciones se encuentran:
- Llenado de tanques: La producción continúa hasta que los tanques de almacenamiento en la región amazónica alcanzan su máxima capacidad.
- Apagado secuencial de pozos: Se procede a cerrar los pozos de manera controlada para evitar daños en los equipos y formaciones geológicas.
- Costos de reactivación: El reinicio de las operaciones demanda una inversión significativa en personal técnico y equipos para restablecer el flujo de producción.
- Impacto en la inversión privada: La inestabilidad operativa desalienta a las compañías privadas que operan en el país, afectando la atracción de nuevas inversiones.
La amenaza de la erosión del Coca no se limita a la crisis petrolera. El fenómeno natural avanza peligrosamente hacia la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, la más grande del país y un pilar de su sistema energético. Informes técnicos sitúan el frente de erosión a menos de 5 kilómetros de las obras de captación de agua de la hidroeléctrica. Un colapso en esta infraestructura no solo pondría en riesgo el suministro eléctrico nacional, sino que desencadenaría una crisis de proporciones aún mayores, afectando a todos los sectores productivos y a la vida cotidiana de los ecuatorianos.
