El Presidente de la República ha anunciado el veto a la Ley de Comunicación que fue aprobada recientemente por la Asamblea Nacional, por considerar que gran parte de su articulado atenta contra derechos fundamentales como la libertad de expresión.

En buena hora el mandatario se ha pronunciado en este sentido, pues la ley, como está formulada, constituye un retroceso en el reconocimiento de las libertades individuales.

Lasso prevé vetar al menos 50 artículos, el equivalente a 95 % del contenido de la normativa, y algunos serán consultados con la Corte Constitucional.

Las restricciones en el ejercicio de la comunicación no solamente afectan a los medios y a los periodistas; perjudican, sobre todo, a la sociedad, que se ve impedida de conocer los hechos de interés con la mayor cantidad de versiones posibles.

«No se debe regresar a la tipificación de la opinión como delito”.

Niegan a las personas la posibilidad de hacer pública su opinión sobre asuntos que incumben a todos.

El país no puede volver a los tiempos de la mordaza, la estigmatización y las fuertes sanciones contra comunicadores y medios.

No se debe regresar a la tipificación de la opinión como delito, ni a la censura previa obligada por la amenaza de sanciones.

Editorial de El Diario publicado este jueves 18 de agosto del 2022 en nuestra edición impresa.