La Asamblea Legislativa de Río de Janeiro aprobó este lunes un proyecto de ley que reintroduce bonificaciones económicas para agentes de la Policía Civil que logren incautar armamento de uso restringido o “neutralizar criminales” durante sus operaciones. La medida, impulsada por legisladores aliados al gobernador Cláudio Castro del Partido Liberal (PL). Este deberá ser firmada en un plazo de 15 días por el propio mandatario estatal.
Aprobado proyecto de incentivos económicos a policías en Río
La nueva ley contempla un sistema de pagos extras a los policías civiles. Dentro del marco de sus funciones, consiguen requisar armamento pesado o abatir sospechosos considerados peligrosos. Las bonificaciones oscilan entre un 10% y un 150% del salario base, dependiendo del tipo de material incautado o del perfil del individuo neutralizado.
La enmienda fue incluida en un proyecto más amplio de seguridad pública. Este fue promovido por parlamentarios afines al clan Bolsonaro, todos miembros del mismo partido del gobernador, el conservador Partido Liberal.
El beneficio económico no es nuevo en el estado. Entre 1995 y 1998 existió una política similar. Durante la misma, el número de muertes en operativos policiales pasó de dos a cuatro por intervención, según datos históricos.
Críticas desde la oposición y desde filas del oficialismo
La propuesta ha generado críticas dentro y fuera del Gobierno. La diputada Dani Monteiro, representante de partidos de izquierda, cuestionó tanto la legitimidad como la ética de la medida. “Si hay un criminal, que pague bajo el rigor de la ley, no a punta de pistola de un policía”, declaró. Además, recordó que el estado de Río de Janeiro sigue bajo régimen de recuperación fiscal. Esto pone en duda la viabilidad financiera de estos pagos.
Incluso miembros del oficialismo han expresado reservas sobre el incentivo, alertando sobre posibles abusos de fuerza y descontrol institucional. Las preocupaciones también apuntan al posible aumento en el número de muertes durante operaciones policiales, como ocurrió en el pasado.
En 2024, Río de Janeiro reportó 703 muertes en operativos policiales. Esta cifra se encuentra entre las más altas del país, de acuerdo con reportes de prensa local.
Diputados buscan extender los bonos a la Policía Militar
El grupo parlamentario que impulsó esta medida ya ha anunciado que propondrá extender los beneficios a los agentes de la Policía Militar. Esta fuerza actúa principalmente en patrullajes y operativos urbanos. El debate en la Asamblea Legislativa sobre esta ampliación está previsto para la próxima semana.
El diputado Marcelo Dino, uno de los principales defensores del proyecto, aseguró que los bonos representan “una forma de poner en valor el trabajo de los agentes”. Según sus declaraciones, “los delincuentes han perdido el miedo y el respeto”. Con esta ley, “van a saber que pueden recibir un tiro y morir”.
Cláudio Castro dispone ahora de 15 días hábiles para sancionar o vetar el proyecto. Aunque ha sido apoyado por una mayoría legislativa, enfrenta presión política por el carácter letal de la propuesta.
Seguridad y letalidad policial en Río de Janeiro
Río de Janeiro enfrenta desde hace décadas altos índices de violencia armada, especialmente en comunidades periféricas controladas por el narcotráfico o las milicias. En este contexto, las operaciones policiales suelen implicar intercambios de disparos y alto riesgo de letalidad.
Diversos organismos de derechos humanos han cuestionado la estrategia de seguridad basada en el enfrentamiento armado. Alegan que esto prioriza resultados inmediatos sobre soluciones estructurales, como la inversión en educación, empleo y urbanización.
Brasil en general y Río en particular son objeto de seguimiento internacional por la frecuencia de muertes a manos de las fuerzas del orden. Esto ha motivado múltiples denuncias ante organismos como la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
