El expresidente de Perú, Pedro Castillo , en prisión preventiva por acusaciones de rebelión y abuso de autoridad tras el fallido autogolpe de diciembre de 2022, denunció este miércoles ante la Fiscalía a un centenar de diputados que votaron entonces a favor de su destitución y nombraran como su sucesora a Dina Boluarte.
La ahora expresidenta Boluarte también está incluida en la demanda de Castillo, por aceptar el cargo.
El exmandatario acusó a estos diputados de un delito de abuso de poder y de nombramiento ilegal de cargo en agravio del suscrito y del Estado, alegando que fue cesado con 101 votos y no con las cuatro quintas partes requeridas según recoge el artículo 89 del reglamento del Congreso, lo que equivale a 104 votos.
El expresidente denunció asimismo que se le vulneró el derecho a la defensa y al debido proceso, asegurando que no contó con abogado particular ni de oficio durante la tramitación de su cese, de acuerdo a las informaciones publicadas por el diario 'La República'.
Castillo solicitó así a la Fiscalía que abra diligencias, incluyendo su comparecencia y la del procurador del Ejecutivo en calidad de agraviados, así como de todos los demandados.
El Ministerio Público archivó parcialmente en junio de 2023 una denuncia similar presentada por la defensa de Castillo contra más de 100 autoridades. Esta incluía a 101 congresistas por presuntos delitos de rebelión, conspiración y abuso de autoridad.
El archivo de es acción judicial se dio al no hallar suficientes elementos probatorios. Mientras que la actual demanda de Pedro Castillo introduce el argumento de la insuficiencia de votos.
El expresidente Pedro Castillo se encuentra detenido desde el 7 de diciembre de 2022 . Ese día, anunció la disolución del Congreso y la instauración de un gobierno de excepción. Sin embargo, su decreto, que no recabó ningún apoyo, terminó por llevar al Parlamento a apoyar una moción de censura en su contra.
El entonces mandatario fue recluido en la cárcel de Barbadillo, en Puente Piedra, por cargos de rebelión, conspiración y abuso de autoridad.
Su juicio oral inició el pasado 4 de marzo ante el Poder Judicial. La Fiscalía solicita 34 años de cárcel, o 19 si se aplica conspiración.
En septiembre pasado, la Corte Suprema confirmó su prisión preventiva. Mientras que el reciente 7 de noviembre, Castillo rechazó el proceso como "pantomima", alegando persecución política.
El fallo final aún está pendiente, con audiencia prevista para diciembre. Cabe mencionar que su mandato fue un fiel reflejo de lo que es la política peruana, una inestabilidad que quedó manifiesta en los cinco equipos de gobierno --con más de 70 ministros-- que tuvo en solo 16 meses.
