La Sala Penal Especial de la Corte Suprema del Poder Judicial condenó al expresidente Pedro Castillo Terrones a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión. La sentencia se hizo efectiva por el delito de conspiración para la rebelión, en relación con el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. El fallo, emitido tras un juicio oral de 85 sesiones, también incluye una inhabilitación de dos años para ejercer cargos públicos.
La sentencia se fundamenta en la interpretación de que el mensaje televisado de Castillo configuró un alzamiento contra el orden constitucional, aunque sin violencia armada directa. El expresidente, detenido después de su anuncio de disolución del Congreso y creación de un gobierno de excepción, enfrenta esta pena agravada por su condición como primer mandatario en el momento de los hechos.
La Fiscalía había solicitado inicialmente 34 años por rebelión agravada, abuso de autoridad y perturbación de la tranquilidad pública. Sin embargo, el tribunal optó por el tipo penal atenuado de conspiración, absolviéndolo de los otros cargos. Castillo, quien permanece recluido en el penal de Barbadillo desde diciembre de 2022, c umplirá la sentencia en ese centro penitenciario.En la misma audiencia, se dictaron penas para otros implicados.
La exprimera ministra Betssy Chávez Chúñacara recibió idéntica condena de once años, cinco meses y 15 días por conspiración para rebelión. Por otra parte, el expremier Aníbal Torres Vásquez recibió una sentencia de seis años años y ocho meses por el mismo delito. El ex ministro del Interior Willy Huerta Zúñiga también obtuvo 11 años, 5 meses y 15 días de prisión, más inhabilitación.
En contraste, el general en retiro Manuel Lozada Morales , exjefe de la VII Macro Región Policial, quedó absuelto por falta de pruebas de coautoría. El golpe de Estado fallido ocurrió el 7 de diciembre de 2022, cuando Castillo, en un mensaje a la nación transmitido por televisión, declaró la disolución del Congreso de la República. Anunció también la intervención del Poder Judicial y la Fiscalía; además convocó a elecciones constituyentes.
Minutos después, la Policía Nacional lo arrestó por rebelión, y la vicepresidenta Dina Boluarte asumió el cargo. Aquello desató protestas masivas en varias regiones del país, con al menos 50 muertos y cientos de heridos según informes oficiales. Este evento exacerbó la crisis política en Perú, marcada por seis presidentes en cinco años y acusaciones de corrupción contra el gobierno de Castillo.
El expresidente Pedro Castillo asumió en julio de 2021 tras ganar las elecciones con el partido Perú Libre . La sentencia, leída por la jueza ponente Norma Carbajal, destaca que el anuncio de Castillo representó una "manifestación expresa de arrogación del poder", configurando el delito pese a la ausencia de ejecución plena. La defensa de Castillo anunció que apelará el fallo ante instancias superiores, alegando sesgo político en el proceso.
Fuentes cercanas al expresidente indicaron que sus hermanos, presentes en los exteriores del penal de Barbadillo, expresaron solidaridad y denunciaron instrumentalización judicial. Este veredicto se enmarca en el contexto de inestabilidad institucional peruana. El Código Penal tipifica la rebelión en su artículo 150 como el uso de violencia para alterar la Constitución, con penas de hasta 25 años.
Expertos en derecho constitucional señalan que esta condena podría influir en las elecciones generales de 2026, polarizando el debate entre izquierda rural y élites limeñas. Fuera del penal, simpatizantes de Castillo bloquearon vías de acceso, generando congestión vehicular y requiriendo intervención policial. La exministra Anahí Durand, presente en la zona, reiteró el respaldo a los condenados, calificando el proceso como una persecución política.
