El gobernador del estado de Minnesota, Tim Walz, denunció este sábado 24 de enero que varios agentes federales del ICE mataron a una persona en la ciudad de Minneapolis durante una operación de captura contra un ciudadano de origen ecuatoriano. Según dieron a conocer las autoridades de la localidad, el hombre requerido por la justicia era buscado por cargos previos de violencia doméstica.
El jefe de la policía local, Brian O'Hara, confirmó el deceso del hombre tras los hechos violentos registrados este sábado 24 de enero. Un video difundido en redes sociales muestra a varios oficiales enmascarados rodeando al individuo antes de accionar sus armas de fuego.
La situación escaló rápidamente debido a la dureza de las imágenes captadas donde la víctima queda inmóvil tras recibir un impacto directo. Walz calificó la actuación de los uniformados como repugnante y solicitó a la Casa Blanca el retiro inmediato de las tropas operativas.
El mandatario estatal afirmó que la población está cansada de estas intervenciones violentas ejecutadas por personal que carece de un entrenamiento adecuado. Por su parte, el Gobierno federal sostiene que el fallecido portaba un arma semiautomática y varios cargadores al momento del enfrentamiento.
Contradicciones en la versión oficial
El jefe policial Brian O'Hara identificó al fallecido como un hombre blanco de 37 años con un historial limpio de antecedentes penales. Según las investigaciones preliminares, el sujeto poseía un permiso legal para portar armas y solo registraba infracciones menores por multas de tráfico.
Sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional presentó una fotografía de una pistola de 9 milímetros supuestamente recuperada en la escena del crimen. O'Hara solicitó la intervención de la Oficina de Investigación Criminal de Minnesota para garantizar una indagación transparente sobre el tiroteo matutino.
Los agentes federales buscaban específicamente a un migrante ecuatoriano identificado como José Huerta Chuma por supuestos cargos de intento de daño. No obstante, la víctima mortal del operativo no coincide con el perfil del ciudadano extranjero que los oficiales pretendían detener.
Antecedentes de violencia en Minnesota
Este suceso representa el segundo incidente letal en menos de un mes tras la muerte de Renee Nicole Good el pasado miércoles 07 de enero. La tensión social creció debido a la retención de menores ecuatorianos, como el niño Liam, en centros de detención en Texas.
El gobernador Walz vincula estos actos con las directrices del presidente Donald Trump respecto al control migratorio y las redadas masivas. La comunidad internacional observa con atención el aumento de operativos tácticos que terminan con resultados fatales para civiles dentro del territorio.
El malestar ciudadano se manifiesta mediante cierres de negocios y movilizaciones constantes en las calles principales de la gélida ciudad de Minneapolis.
La reciente jornada denominada Día de la verdad y la libertad movilizó a miles de personas a pesar de las temperaturas extremas. Los sindicatos y líderes religiosos promueven un apagón económico como medida de presión para detener las actividades del servicio de inmigración. Mientras tanto, las autoridades locales mantienen la prohibición de asambleas para evitar que la violencia se propague por toda la urbe.
Impacto social y medidas restrictivas
La ciudad de Minneapolisdeclaró estado de alerta y prohibió las reuniones públicas para prevenir posibles disturbios tras la muerte del ciudadano. Agentes del FBI ya se encuentran en el sitio del suceso para colaborar con las indagaciones sobre el uso de la fuerza.
El jefe O'Hara pidió a los residentes abandonar la zona del conflicto para permitir que los peritos realicen el levantamiento de evidencias. La desconfianza hacia los agentes de ICE aumentó significativamente después de que el video contradijera los primeros informes del Gobierno federal.
El gobernador Walz insiste en que el presidente debe ordenar el cese de estas operaciones militares en zonas residenciales de forma inmediata. Miles de ciudadanos apoyaron la huelga general al no asistir a sus puestos de trabajo ni enviar a sus hijos a clases.
El cierre de aproximadamente 300 negocios locales refleja el impacto económico de la crisis política que atraviesa el estado de Minnesota actualmente. Las organizaciones de derechos humanos exigen justicia por la víctima mientras el Departamento de Seguridad Nacional defiende la legalidad del operativo.
