El presidente de Colombia, Gustavo Petro, acusó a su homólogo estadounidense, Donald Trump, de desatar una "guerra étnica" con sus medidas para acelerar las deportaciones de migrantes y lo comparó el dictador nazi Adolf Hitler.
Así abordó la decisión de Trump de desplegar a la Guardia Nacional en la ciudad de Chicago , en el estado de Illinois, para sofocar las protestas contra las redadas realizadas por los agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), donde han usado gases lacrimógenos y vehículos sin identificación.
“Trump ha desatado una guerra étnica en los Estados Unidos. Hace a los latinoamericanos lo mismo que Hitler a los judíos ”, escribió Petro en su cuenta de X.
Cabe mencionar que Petro es una de las voces de América Latina más críticas frente a las políticas migratorias de Trump.
Mientras tanto, el gobierno del estado de Illinois, al que pertenece la ciudad de Chicago, presentó una demanda contra el Gobierno de Trump por el despliegue de tropas federales. Lo acusa de violar la autonomía estatal.
La Casa Blanca declaró el domingo a Chicago como “zona de guerra” para justificar el despliegue de soldados en Chicago, y alegó también que esta ciudad enfrenta “disturbios” y culpó a las autoridades locales de no actuar para restaurar el orden.
El gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, respondió en X que “ Illinois no permitirá que la administración Trump continúe su marcha autoritaria sin resistencia”.
Por otra parte, organizaciones sociales denunciaron que estos operativos buscan reprimir a migrantes y manifestantes, más que garantizar la seguridad ciudadana.
En su segundo mandato, iniciado el 20 de enero pasado, el presidente Donald Trump ha implementado una serie de medidas migratorias restrictivas mediante órdenes ejecutivas y leyes, enfocadas en la seguridad fronteriza y la deportación masiva. Estas acciones buscan reducir la inmigración irregular y limitar protecciones humanitarias, según informes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y la Casa Blanca.
La Orden Ejecutiva 14161, firmada el mismo día de su inauguración, declaró una emergencia nacional en la frontera México-Estados Unidos. Esta directiva prioriza la deportación de no ciudadanos, expande el uso de remociones aceleradas sin proceso judicial completo y suspende el programa de "catch and release" para inmigrantes detenidos. Además, bloquea el acceso al asilo para quienes cruzan irregularmente y termina la ciudadanía por nacimiento para hijos de no residentes permanentes.
En junio, una proclamación restringió la entrada de nacionales de Afganistán, Yemen y Sudán.
Otras acciones incluyen el despliegue de militares activos para arrestos en la frontera, presiones a estados y políticas para incentivar salidas voluntarias de indocumentados.
Estas políticas han generado litigios, con cortes federales cuestionando remociones sin debido proceso. Además, afectan a familias mixtas, trabajadores temporales en visas H-1B y H-2A, y estudiantes internacionales. El gobierno reporta una reducción del 88,5% en entradas humanitarias vía la app CBP One, consolidando un enfoque de "América Primero" en inmigración.
