El juez del Tribunal Supremo Federal (STF), Alexandre de Moraes, ordenó este jueves el traslado inmediato del expresidente Jair Bolsonaro desde la sede de la Policía Federal en la que permanecía recluido hasta la penitenciaría Papuda, ubicada en las afueras de Brasilia. Bolsonaro cumple una condena de 27 años de prisión por intento de golpe de Estado, dictada tras su actuación durante los episodios del 8 de enero de 2023.

La orden judicial establece que el traslado forma parte de la ejecución del régimen penitenciario previsto y debe realizarse sin dilaciones, según la comunicación divulgada por la prensa oficial brasileña.

Evaluación médica oficial y procedimientos administrativos

En la misma resolución, De Moraes determinó que Bolsonaro sea sometido a una junta médica oficial, compuesta por profesionales de la Policía Federal, para evaluar su estado clínico, sus necesidades asistenciales durante la condena y determinar si requiere ingreso en un hospital penitenciario.

El Supremo fijó un plazo de diez días para la entrega del informe completo. Tanto la defensa como la Fiscalía podrán designar asistentes técnicos y formular preguntas en un plazo de 24 horas, conforme a lo informado por Agencia Brasil.

Medidas de salud y custodia

El fallo también autoriza que el exmandatario reciba asistencia médica integral las 24 horas, por parte de personal del sistema penitenciario o por médicos privados previamente colegiados, sin necesidad de notificación previa al Poder Judicial.

Además, el juez estableció que en casos de emergencia sanitaria, Bolsonaro podrá ser trasladado de inmediato a un hospital, con obligación de notificar al Supremo en un plazo de 24 horas. La resolución contempla también medidas adicionales de seguridad y custodia para garantizar el cumplimiento del régimen penitenciario.

Contexto judicial y repercusión institucional

Bolsonaro fue condenado en 2025 por intento de interrupción del orden democrático tras las investigaciones derivadas de los disturbios ocurridos en Brasilia el 8 de enero de 2023, cuando miles de simpatizantes asaltaron sedes de los poderes del Estado. El proceso penal incluyó acusaciones por incitación, asociación ilícita y abuso de poder.

Desde entonces, el caso ha generado implicaciones institucionales en Brasil, con decisiones del STF, acciones parlamentarias y procedimientos fiscales que permanecen en curso. La ejecución de la condena responde al calendario judicial establecido por la Corte Suprema.