En medio de la conmoción política tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses, el régimen interino encabezado por Delcy Rodríguez intenta perfilar una nueva etapa centrada en la liberación de presos políticos y la reconfiguración de la agenda energética internacional.
Excarcelaciones masivas y datos contradictorios
Las recientes excarcelaciones de presos políticos en Venezuela marcan el ritmo de la coyuntura actual, mientras organismos de derechos humanos y voceros oficiales ofrecen cifras dispares. La ONG Foro Penal confirmó al menos 80 liberaciones en las últimas horas y sostiene que "pueden haber más", aunque recalca que estos excarcelados "no cuentan con libertad plena".
La presidenta encargada, Delcy Rodríguez asegura que en total 626 personas han sido liberadas desde diciembre, mientras organizaciones humanitarias y opositoras como la Plataforma Unitaria Democrática manejan números propios, que oscilan entre 156 y 190 casos verificados.
El proceso de liberaciones, anunciado oficialmente el 8 de enero por Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento, avanza en paralelo a un fuerte reclamo por mayor transparencia.
Familiares de los detenidos y defensores de derechos humanos insisten en la falta de listas públicas y en la opacidad que rodea el proceso, exigiendo la intervención de organismos internacionales para garantizar justicia y claridad.
Historias individuales y contexto judicial
Según se ha dado a conocer por medios de comunicación nacionales, entre los liberados destaca el caso de Kenny Tejeda Jiménez, abogado voluntario de Foro Penal arrestado tras brindar asistencia legal en un comando de la Guardia Nacional Bolivariana durante el turbulento periodo postelectoral de 2024. Detenido en agosto de ese año y acusado de "terrorismo" y "discurso de odio", su excarcelación fue celebrada tanto por activistas como por usuarios en redes sociales.
También figura el estudiante de periodismo Juan Francisco Alvarado, sentenciado originalmente a 15 años de prisión y posteriormente beneficiado por la anulación de su condena.
Diálogo político y presión internacional
Delcy Rodríguez, al frente del gobierno interino, insiste en la necesidad de abrir canales de diálogo con todos los sectores políticos, incluyendo tanto aliados como críticos del chavismo. Subraya que "la política venezolana debe resolver sus diferencias internas", rechazando cualquier imposición proveniente de Washington y defendiendo un enfoque de negociación inmediata y resultados palpables.
En sus declaraciones, Rodríguez señala la importancia de una agenda energética con Estados Unidos y otros países, afirmando que Venezuela debe convertirse en "una verdadera potencia productora de hidrocarburos".
Nuevas reglas y clima social
La coyuntura venezolana sigue marcado por restricciones a libertades públicas, bajo un decreto especial que desde la reelección cuestionada de Maduro en 2024 legitima la represión estatal y limita los derechos civiles y políticos.
Provea, la principal organización venezolana de derechos humanos, ha exigido la derogación del decreto, advirtiendo que este proporciona un marco inconstitucional que facilita la persecución por razones políticas.
En este tenso escenario la estabilidad interna, la liberación de presos políticos y la búsqueda de acuerdos energéticos con Estados Unidos son los ejes más visibles del nuevo rumbo que asume el gobierno provisional venezolano.
