La organización no gubernamental Amnistía Internacional publicó este martes 19 de enero un informe. En este advierte que el aumento de prácticas autoritarias en Estados Unidos está erosionando los derechos humanos y "socavando los pilares de una sociedad libre". El documento se difunde cuando se cumple un año del retorno de Donald Trump a la Presidencia. Señala impactos tanto a nivel interno como global, debido al cierre del espacio cívico y al debilitamiento del Estado de derecho.

Amnistía Internacional sostiene que el rumbo adoptado por la actual Administración estadounidense ha generado una "emergencia de derechos humanos". Así lo afirmó el director ejecutivo de Amnistía Internacional Estados Unidos, Paul O’Brien. Él señaló que el país atraviesa una "peligrosa trayectoria" caracterizada por la concentración de poder y el desmantelamiento de normas destinadas a garantizar la rendición de cuentas.

Según O’Brien, estas medidas buscan dificultar que las autoridades sean responsabilizadas por sus actos y elevan los riesgos para periodistas, manifestantes, abogados, estudiantes y defensores de derechos humanos. El organismo advierte que estos sectores se encuentran cada vez más expuestos a represalias y restricciones.

Un informe sobre el debilitamiento institucional

El informe, titulado "Suena la alarma: aumento de las prácticas autoritarias y erosión de derechos humanos en Estados Unidos", documenta más de una decena de ámbitos en los que Washington estaría debilitando las bases de una sociedad democrática. Amnistía identifica como causas principales el cierre del espacio cívico y el debilitamiento del Estado de derecho.

El estudio analiza doce áreas interconectadas, entre ellas los ataques a la libertad de expresión y de reunión pacífica, las presiones sobre organizaciones de la sociedad civil y universidades, así como acciones dirigidas contra opositores políticos y críticos del Gobierno.

Impacto en justicia, migración y vigilancia

Entre los aspectos señalados figuran también las tensiones con jueces, abogados y el sistema legal, además de afectaciones al debido proceso. Amnistía documenta ataques a los derechos de personas refugiadas y migrantes, la estigmatización de comunidades y el retroceso de protecciones contra la discriminación.

El informe menciona igualmente el uso de las Fuerzas Armadas para fines internos, el desmantelamiento de mecanismos de rendición de cuentas corporativa y anticorrupción, y la expansión de la vigilancia sin supervisión efectiva. A ello se suman, según la ONG, esfuerzos para debilitar los sistemas internacionales de protección de los derechos humanos.

Normalización de prácticas restrictivas

Amnistía advierte que estas prácticas "se refuerzan mutuamente" y tienden a normalizarse. Entre los ejemplos citados figuran detenciones de estudiantes por protestar en campus universitarios, operativos migratorios con agentes enmascarados y la militarización de ciudades en distintos puntos del país.

La organización señala que, en paralelo, la intimidación a la prensa dificulta la denuncia de abusos, mientras que las represalias contra protestas generan temor a expresar opiniones críticas. La expansión de la vigilancia y la militarización, añade, incrementan el costo de la disidencia.

Un patrón observado a escala global

Amnistía Internacional subraya que ha documentado patrones similares en otros países. Aunque los contextos varían, la ONG identifica tendencias comunes como la consolidación del poder, el control de la información, la deslegitimación de críticos, el castigo a la disidencia y la reducción del espacio cívico.

O’Brien indicó que la situación en Estados Unidos refleja un patrón global observado durante décadas. Según explicó, cuando las prácticas autoritarias se consolidan, las instituciones diseñadas para frenar abusos de poder suelen encontrarse ya debilitadas.

Recomendaciones y llamados urgentes

Finalmente, Amnistía Internacional presentó una serie de recomendaciones dirigidas a las autoridades estadounidenses, a la comunidad internacional, a las empresas y a la ciudadanía. El objetivo, según el informe, es revertir el deterioro institucional y proteger los derechos fundamentales.

La ONG pidió medidas urgentes para salvaguardar el espacio cívico, restablecer las garantías del Estado de derecho, fortalecer la rendición de cuentas y asegurar que las violaciones de derechos humanos no sean ignoradas ni aceptadas como inevitables.