La víctima más reciente es Liam Vivas Zambrano, de 2 años, baleado el 25 de marzo en Manta. El pequeño fue alcanzado por una bala perdida durante un tiroteo en el barrio 15 de Abril, parroquia Eloy Alfaro, de Manta. 

Este sector, convertido en epicentro de la criminalidad en la ciudad más violenta de Manabí, suma ya nueve menores muertos en 2025: 6 de 12 a 17 años y 3 menores de 12, triplicando las cifras de 2024 (3) y 2023 (2) para el mismo periodo. A nivel nacional, los 101 menores asesinados en 48 días –90 entre 12 y 17 años y 11 menores de 12– superan los 65 de 2024 y 52 de 2023.

Un informe de Human Rights Watch publicado este año señala un alza del 17% en homicidios de adolescentes en 2024, según cifras del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado. En Manabí, los 35 menores muertos en 2024 y 32 en 2023 muestran una tendencia implacable. De las víctimas nacionales, 90 murieron por armas de fuego: 73 con pistola, 11 con revólver y 6 con fusil.

Los menores son víctimas colaterales, pero también reclutas

Carlos Zambrano, sociólogo, explica que el impacto de la violencia criminal trasciende las cifras. “Los menores son víctimas colaterales, pero también reclutas del narcotráfico”. El experto distingue tres niveles: la delincuencia común, la narco-delincuencia y la violencia intrafamiliar, todas alimentadas por pobreza, microtráfico y disputas territoriales entre cárteles del narcotráfico.

Señala que la narcodelincuencia ha afectado a tal punto a la sociedad, que “atrapada entre el miedo y la miseria”, ve crecer una economía criminal que mueve miles de millones, mientras el país estanca. “Sin empleo ni desarrollo, la cocaína es el único ‘valor agregado’ que encuentran”, sentencia el sociólogo.

En medio de la ola de violencia, el presidente de la República, Daniel Noboa,  dispuso la extensión del estado de excepción en las provincias de Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro y Sucumbíos.  La medida incluye a los cantones Camilo Ponce Enríquez y al distrito Metropolitano de Quito, en las provincias de Azuay y Pichincha, respectivamente. 

El Decreto 552 cita casos como el de Liam y otros tres niños muertos en ataques recientes. Sin embargo, la escalada de violencia persiste, dejando a la infancia en el filo de la navaja.