El legislador Mario Amado Zambrano Vera, representante de Manabí por la bancada oficialista ADN, explicó este mes desde la Asamblea Nacional las acciones impulsadas para fiscalizar al Ejecutivo, optimizar el Estado y enfrentar la inseguridad, en respuesta a la crisis institucional y social que vive Ecuador.

• Usted pertenece a la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN). ¿Cómo ve las recientes medidas del Gobierno para reducir el tamaño del Estado?

Estamos atentos y comprometidos desde la Asamblea Nacional. Ya aprobamos la Ley de Integridad Pública, que busca justamente eso: optimizar el funcionamiento del Estado y hacer más ágil la contratación pública. La reducción de ministerios es parte de un proceso necesario de eficiencia. No se están eliminando competencias, sino buscando que el Estado funcione mejor, con menos burocracia y con gente capacitada en la función pública.

• ¿Qué responde a las críticas por la fusión de ministerios como Energía y Ambiente?

En muchos países estas carteras están unificadas. La clave es cómo se gestionan los conflictos entre producción y medio ambiente. Desde la Asamblea podemos y debemos fiscalizar cuando estos equilibrios no se cumplan. No solo los asambleístas de ADN, sino todos los legisladores tienen herramientas para vigilar y solicitar información.

• ¿Entonces sí están dispuestos a fiscalizar al Gobierno, incluso siendo oficialistas?

Así es. Lo hemos demostrado. La fiscalización debe ser objetiva. Cuando hay fallas, vengan de donde vengan, se debe actuar. También hemos apoyado leyes acertadas del Ejecutivo, como las que fortalecen la seguridad, el turismo o regulan mejor a las fundaciones sin fines de lucro, algunas de las cuales han sido utilizadas para actividades ilícitas.

• Hablando de medidas controvertidas, ¿usted apoya el despido de funcionarios públicos?

 Sí, siempre que se haga con el objetivo de optimizar el Estado. Muchos ciudadanos se quejan de mala atención en instituciones públicas. No podemos seguir con funcionarios que entorpecen. Hay que dar paso a una nueva generación, a quienes quieren aportar de verdad.

• A pesar de las leyes aprobadas, la violencia sigue. ¿Cómo enfrenta la Asamblea la inseguridad?

Es nuestra principal prioridad. Desde la Comisión de Seguridad Integral, donde participo, ya hemos trabajado en leyes como la de inteligencia. Gracias a esas herramientas, se han logrado capturas clave. También hemos generado mesas para temas como seguridad en escuelas. La inseguridad es un problema estructural, heredado de décadas de permisividad con el crimen.

• En Manabí se habla mucho de la inseguridad en el campo y en el mar. ¿Qué se está haciendo sobre piratería y abigeato?

Estamos trabajando en reformas al COIP para tipificar la piratería y endurecer penas por abigeato. La ausencia de delitos tipificados afecta desde el seguro hasta el acceso a créditos para pescadores. Además, queremos mejorar la forma de recopilar pruebas en delitos como el robo de ganado, algo que ya ha funcionado en países como Bolivia o Uruguay.

• ¿Qué opina sobre la negativa de la Asamblea a ratificar la ley que obligaba transferencias automáticas a los GAD?

Se votó con base legal, porque esa atribución corresponde al Ejecutivo. El proyecto no tenía el sustento técnico adecuado. Pero sí, desde la Comisión de GADs ya se trabaja en una reforma al COTAD para solucionar problemas de financiamiento, y queremos hacerlo con mesas de trabajo en Manabí.

• Otro tema sensible: el pedido de renuncia del asambleísta Santiago Díaz por una denuncia de violación. ¿Cuál es su posición?

Tiene que renunciar. Es un tema de dignidad institucional. Además, nos llamó la atención un proyecto suyo para bajar la edad de consentimiento sexual. Eso genera muchas alertas. La justicia debe actuar, pero la Asamblea también debe enviar un mensaje claro de rechazo. Y sí, esta firmeza debe aplicarse en todos los casos, sin excepciones.

• Se ha hablado mucho del uso del IVA para seguridad. ¿Hay control sobre estos recursos?

Hay mecanismos legales de rendición de cuentas, y los ministros deberán comparecer ante la Asamblea. Mientras tanto, vemos acciones concretas: presencia militar, dotación de equipos, vehículos, tecnología. Esta lucha no es simbólica, es real. Nos enfrentamos a grupos criminales con alto poder económico y logístico. No es una guerra fácil, pero se está combatiendo.

• ¿Y se tiene algún balance inicial sobre el impacto de esta inversión?

Basta salir a las calles de Manabí para ver el cambio. Hay mayor presencia policial y militar, algo que no pasaba antes. El sector seguridad estaba abandonado. Esta guerra se gana con leyes, equipamiento y compromiso. Y lo estamos haciendo.

• Qué mensaje final le deja a los manabitas?

Que estamos trabajando con responsabilidad. Escuchamos en campaña que la prioridad era seguridad y eficiencia del Estado. Hoy estamos cumpliendo ese mandato. Vamos a seguir impulsando reformas clave y fiscalizando cuando sea necesario. No vamos a solapar irregularidades vengan de donde vengan.