El Cerro de Montecristi, un ícono natural y patrimonial de Manabí, se encuentra en el centro de una controversia que enfrenta la seguridad nacional con la preservación ambiental desde la instalación de un radar.
Desde 2021, cuando el expresidente Guillermo Lasso declaró este lugar como Área Reservada Militar de Defensa mediante el Decreto Ejecutivo N.º 157, la comunidad local, ha expresado su preocupación por las posibles afectaciones al ecosistema y al patrimonio cultural de la zona.
El radar se instaló en el cerro de Montecristi, en la provincia de Manabí, y empezó a operar el 27 de octubre de 2021. Once días después hubo una ‘misteriosa’ explosión en el lugar. El radar destinado al cerro de Montecristi no era nuevo, según publica Primicias, el 4 de abril del 2022.
Hay un comodato por 50 años
Pero ahora la tensión ha escalado tras descubrirse un comodato firmado el 20 de noviembre de 2024. Este comodato es entre el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica y el Ministerio de Defensa. Y otorga casi 10 hectáreas del cerro para uso militar por 50 años.
Diez hectáreas equivalen aproximadamente a 14 canchas de fútbol de tamaño estándar.
Karina Faubla, vocera del Comité Pro-defensa del Cerro de Montecristi, considera esto como una decisión tomada “a espaldas de la sociedad de Montecristi, de Manabí y del Ecuador entero”. Según Faubla, la comunidad no fue consultada ni informada sobre este acuerdo, que permite la construcción de infraestructura militar, incluyendo carreteras, edificios y otras instalaciones logísticas. “Nos sorprende que, mientras en 2021 se hablaba de sólo 2.1 hectáreas con un impacto ambiental bajo para instalar un radar, ahora se trate de casi 10 hectáreas con un proyecto de mayor envergadura”, afirmó.
Afectaciones ya son evidentes en el cerro
Imágenes aéreas obtenidas por el Comité muestran caminos asfaltados, explanadas y movimiento de maquinaria pesada en la zona. Todo esto contrasta con las promesas iniciales de mínima intervención.
El comodato, firmado en la notaría décima novena de Quito, detalla que las actividades principales incluyen la construcción de carreteras y otras vías. Así como la gestión de asuntos de defensa militar, logística y abastecimiento. También contempla la edificación de estructuras residenciales y militares, como cuarteles y edificios de altura. Para Faubla, esto representa una amenaza directa al ecosistema del cerro, conocido por ser un pulmón natural que captura vientos y bruma, beneficiando tanto a la zona costera como al interior. “No soy técnica ambiental, pero sabemos que dañar un área como esta afecta su capacidad de ser un reservorio natural”, señaló.
Washington Delgado, miembro también del comité, señaló que han intentado dialogar con las autoridades locales, pero hasta ahora no han recibido respuestas claras. Nos preocupa que los habitantes de la comuna Toalla Grande se han visto afectados por el suministro de agua, pues ellos se abastecían de manera natural del agua que bajaba de la montaña.
Piden transparencia en el proceso
Faubla mencionó que la alcaldía de Montecristi, liderada por Jonathan Toro, no ha proporcionado un espacio para discutir el tema. “Nos enteramos de esto por un reportaje de investigación del medio La Defensa, no por canales oficiales”, lamentó Faubla. Ella subrayó la falta de transparencia en el proceso.
Alexandra Bravo, registradora de la Propiedad de Montecristi, informó que, tras revisar los archivos físicos y digitales, no existe registro de la Escritura Pública de Comodato entre el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica y el Ministerio de Defensa en el Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón. Por ello, no se puede proporcionar información ni certificaciones sobre dicho contrato, ya que no está inscrito, conforme a la Ley de Registro y el principio de publicidad registral, informó.
Por su parte, la Gobernación de Manabí, representada por Aurora Valle, defiende el proyecto como una medida estratégica para combatir el narcotráfico. Valle enfatizó que el radar instalado en el cerro responde a la necesidad de controlar el espacio aéreo, marítimo y terrestre, que durante años ha sido utilizado por organizaciones criminales. “No se trata de militarizar el territorio, sino de protegerlo”, afirmó. También aseguró que el Gobierno de Daniel Noboa trabaja con mesas técnicas y los COE cantonales para garantizar que las intervenciones respeten el entorno y las competencias locales. Según Valle, el cerro “no está perdido, está vigilante”, y el radar es una herramienta de protección, no una amenaza.
Comité Pro-defensa del cerro exige transparencia
Sin embargo, la comunidad sigue exigiendo claridad. El Comité ha presentado acciones legales desde 2021, incluyendo una acción de protección que fue negada en primera instancia. Sin embargo ahora está en apelación ante la Corte Constitucional. Faubla insiste en que el cerro, como patrimonio natural, debería ser intocable. “Si es un área protegida, ¿por qué se firma un comodato para construir infraestructura a gran escala?”, cuestiona.
Finalmente para Washington Delgado, la falta de diálogo entre las autoridades y la comunidad, sumada a la opacidad en torno al comodato, ha generado un clima de desconfianza. “Mientras el Gobierno defiende la seguridad nacional, los habitantes de Montecristi tememos que el cerro sufra un daño irreversible. Por ahora, el Comité Pro-defensa del Cerro de Montecristi no bajará la guardia y exigimos respuestas, transparencia y respeto por su entorno”, remarcó.
