En Manta, Ecuador, el debate por la consulta popular de este domingo 16 de noviembre de 2025, que podría autorizar la instalación de bases extranjeras ha reavivado los recuerdos del Puesto de Operaciones Avanzadas (FOL) de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, que funcionó en la Base Aérea Eloy Alfaro entre 1999 y 2009. Exautoridades locales, dirigentes comunitarios y profesionales mantenses expresan posturas encontradas sobre su impacto económico, social y en la soberanía nacional.
El FOL (Forward Operating Location) fue implementado en 1999 mediante un convenio entre el gobierno del expresidente Jamil Mahuad y los Estados Unidos, con el objetivo de apoyar operaciones contra el narcotráfico y el tráfico de personas. Durante una década, aproximadamente 200 militares estadounidenses operaron desde la base mantense, realizando vuelos de reconocimiento en coordinación con las Fuerzas Armadas del Ecuador.
El entonces alcalde de Manta, Jorge Zambrano, recordó que el acuerdo no fue consultado con la ciudadanía. Añadió que la población fue conociendo sus alcances con el tiempo. “En el fondo, el puesto de avanzada era un convenio exclusivamente para apoyar el control de narcotráfico y de personas”, afirmó.
Según Zambrano, la presencia estadounidense generó efectos económicos visibles en la ciudad. Los alquileres de vivienda aumentaron hasta cuatro veces su valor habitual, y el consumo local creció gracias a la demanda de servicios, alimentación y recreación. Además, destacó que la reconstrucción de la pista aérea y las obras complementarias impulsaron la creación de empleo y la transferencia de conocimientos técnicos a trabajadores locales.
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El exalcalde resaltó que Manta recibió maquinaria donada por el personal del FOL, lo que permitió ejecutar proyectos municipales sin recurrir a créditos externos. Entre las obras realizadas mencionó la vía Interbarrial, de siete kilómetros, construida con recursos y equipos donados.
Asimismo, los bomberos de Manta obtuvieron capacitación en manejo de emergencias por parte de los militares estadounidenses. Para Zambrano, estos aspectos representaron “apoyos logísticos no monetarios” que beneficiaron al municipio.
No obstante, el exalcalde insistió en que la base no fue militar, ya que no almacenaba armamento pesado ni misiles. “Lo que hubo fue una operación de un avión radar que, a través de un convenio, se le permitía volar en coordinación con los militares ecuatorianos”, explicó.
En contraste, el presidente de la Junta Cívica de la Parroquia Los Esteros, Eduardo Jurado, sostuvo que la presencia del FOL afectó gravemente al sector pesquero. Denunció que varios barcos fueron hundidos presuntamente por fuerzas estadounidenses y que muchos casos nunca se investigaron.
“Ciudadanos de Los Esteros, de Manta y de Jaramijó desaparecieron. Se deduce que los barcos fueron torpedeados y hundidos por los gringos, protegidos por la inmunidad que tenían”, afirmó Jurado. Según su testimonio, las víctimas no podían demandar en Ecuador, sino que debían hacerlo en Estados Unidos, lo que impidió la búsqueda de justicia.
El dirigente calificó la posible instalación de nuevas bases como un “ retroceso para la democracia”, señalando que durante la presencia del FOL se produjeron abusos e impunidad. Añadió que, tras la salida de la base en 2009, los índices de criminalidad disminuyeron, según estadísticas oficiales de ese periodo.
El abogado mantense Antonio Espinales, con 35 años de ejercicio profesional, advirtió que el regreso de bases extranjeras contradiría el artículo 5 de la Constitución ecuatoriana, que prohíbe la instalación de fuerzas militares extranjeras en el territorio nacional.
Espinales recordó que durante la operación del FOL se registraron violaciones a derechos humanos y que “todo quedó impune”. A su juicio, los operadores de justicia deben garantizar el cumplimiento estricto de la Carta Magna, evitando interpretaciones que vulneren la soberanía nacional.
“No procede la base militar extranjera aquí en Manta”, declaró el jurista, señalando que el pueblo debería votar en contra de esta medida en la próxima consulta.
La discusión sobre la instalación de bases extranjeras se ha reactivado ante la propuesta de consulta popular impulsada por el Gobierno nacional. Entre los posibles puntos de operación se mencionan Santa Elena y Manta, zonas estratégicas por su ubicación geográfica. Galápagos se descartó por una posible afectación a su entorno.
Para Zambrano, cualquier cooperación futura debe basarse en acuerdos claros que mantengan la soberanía ecuatoriana. También para que se aseguren que las acciones sean coordinadas con las Fuerzas Armadas locales. “El problema no es el apoyo extranjero, sino cómo se redacta el convenio”, puntualizó.
Mientras tanto, las posturas siguen divididas en la comunidad mantense. Algunos sectores destacan los beneficios económicos y de seguridad obtenidos hace dos décadas. Otros advierten sobre los riesgos de intervención extranjera y pérdida de soberanía. Estos temas volverán al debate público si la consulta es aprobada.
