La situación de los Agentes Civiles de Tránsito (ACT) de Manta ha escalado a una huelga de hambre de tres días, motivada por cinco meses de salarios impagos. En medio de esta medida de presión, representantes del cuerpo uniformado se reunieron con la alcaldesa Marciana Valdivieso. De ese encuentro han surgido detalles sobre la situación financiera de la Empresa Pública de Movilidad de Manta (EP de Movilidad). Además de acusaciones de irregularidades en la gestión de la intervención.
Víctor Zambrano, agente civil de tránsito de Manta, detalló los pormenores de la reunión con la alcaldesa, donde se les proporcionaron cifras de los ingresos y transferencias recibidas por la EP de Movilidad durante los tres meses de intervención.
Ingresos recaudados desde la intervención
Según la información municipal, en julio, la empresa registró ingresos totales de $466.008,28, provenientes de la terminal terrestre ($149.964), tasas de revisión vehicular ($13.214), una transferencia del Ministerio de Economía y Finanzas ($249.347,60) y recaudaciones del GAD ($53.482,68).
Para agosto, los ingresos sumaron $477.807,37, con $150.000 de la terminal terrestre, $19.000 por revisión técnica vehicular, $249.000 de transferencia del Ministerio de Economía y Finanzas y $59.807,37 del GAD. En septiembre, la recaudación fue de $236.824,83, incluyendo $178.000 de la terminal terrestre, $17.000 por revisión técnica vehicular y $41.824,83 del GAD, aunque se señaló que la transferencia del Ministerio de Economía y Finanzas para ese mes aún no se había realizado.
La suma total de estos ingresos en los tres meses de intervención asciende a $1.180.640,48. Los agentes civiles de tránsito cuestionan la falta de pago de sus salarios, cuya nómina mensual exclusiva para este personal es de $120.000. Mientras que la nómina del personal administrativo, según la gerenta, es de $40.000. A pesar de que la alcaldesa les manifestó que las cifras evidencian una voluntad de pago, los agentes señalan que los valores presentados no representan ni el 40% de sus sueldos adeudados. Además, mencionaron que en una acción de protección, se presentó una certificación que indicaba que las cuentas de la empresa tenían un saldo de $76, lo que genera dudas sobre la gestión de las múltiples cuentas que podría tener la EP de Movilidad.
Gerenta tiene impedimento para ejercer un cargo público
Más allá de la situación salarial, los agentes han puesto de manifiesto presuntas irregularidades en la intervención de la EP de Movilidad. Una de las denuncias más graves se refiere a la gerenta de la empresa, Saskya Paola Caizapanta Suárez. Según una certificación presentada esta mañana ella tendría impedimento legal para ejercer un cargo público. Los agentes cuestionan cómo una persona con tal impedimento puede estar en funciones como servidora pública y gerenta de una empresa municipal.
Asimismo, se ha señalado un posible conflicto de intereses relacionado con el delegado de la intervención Coronel Carlos Albán. Se menciona la circulación de un video en redes sociales donde se le vincula familiarmente con la gerenta general de una compañía de transporte de carga pesada, cuyo hermano sería el presidente de la misma empresa. Esta situación, de ser cierta, contravendría lo establecido en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. La misma prohíbe tales conflictos de intereses, se informó en la rueda de prensa.
Audiencia conciliatoria tendrá nueva fecha por ausencia de varios convocados
Ante la ausencia del Coronel Albán y la gerenta Caizapanta a la audiencia conciliatoria virtual convocada por el Ministerio de Trabajo la tarde del miércoles 22 de octubre, la representante del Ministerio indicó que se citará una nueva audiencia para asegurar su comparecencia. Los agentes de tránsito hacen un llamado al Ministro y a las autoridades competentes para que investiguen a fondo lo que está ocurriendo en la intervención de la EP Movilidad de Manta. Enfatizan que no es aceptable que se encuentren en huelga de hambre por la falta de pago, especialmente cuando, según la alcaldía, han existido los valores para cubrir sus sueldos.
Medios Ediasa (La Marea) solicitó una versión a la comisión interventora, pero hasta el cierre de esta edición no hubo ningún pronunciamiento.
Intervención arrancó el 10 de julio del 2025
La Empresa Pública de Movilidad (EP) de Manta fue intervenida por la Policía Nacional el 10 de julio de 2025. El fin era tomar el control operativo y administrativo. Esta medida se tomó debido a vínculos con el crimen organizado y se espera que la intervención dure dos años para investigar irregularidades. Como resultado, se están realizando auditorías, se han suspendido algunos trámites y se están implementando nuevos sistemas para garantizar la transparencia en los servicios.
