El Pleno de la Corte Provincial de Justicia de Manabí designó a Teddy Ponce Figueroa como presidenta de este órgano judicial para el período 2026-2028.
La decisión se adoptó durante una sesión formal del Pleno, instancia competente para elegir a la autoridad encargada de la dirección administrativa y jurisdiccional de la Corte, se informó en un comunicado.
Perfil y trayectoria judicial
Teddy Ponce Figueroa integra actualmente la Sala Especializada de lo Laboral de la Corte Provincial de Justicia de Manabí.
En este ámbito ha desarrollado su labor jurisdiccional vinculada a la protección de derechos y al acceso efectivo a la justicia.
Forma parte de la Función Judicial desde 2012 y cuenta con más de dos décadas de experiencia en el ámbito público y judicial.
Formación académica
La nueva presidenta es abogada por la Universidad Católica Santiago de Guayaquil.
Teddy Ponce, posee una maestría en Derecho Laboral y Seguridad Social por la Universidad Andina Simón Bolívar.
Actualmente cursa un doctorado en la Universidad Católica de Buenos Aires.
Ejes anunciados de gestión
Tras su designación, Teddy Ponce Figueroa señaló que su administración se enfocará en una justicia cercana a la ciudadanía.
Indicó que su gestión se basará en el respeto a la independencia judicial y en el trabajo conjunto con las y los servidores judiciales.
También destacó la necesidad de fortalecer la eficiencia institucional y la confianza ciudadana en el sistema de justicia provincial.
Atribuciones de la Presidencia
De acuerdo con la normativa vigente de la Función Judicial, la presidencia de una Corte Provincial de Justicia cumple un rol clave en la dirección administrativa y organizativa del órgano judicial.
Quien ejerce este cargo preside el Pleno de la Corte, convoca y dirige sus sesiones, y representa institucionalmente a la Corte ante otras funciones del Estado y organismos del sistema judicial.
La presidenta de la Corte Provincial no ejerce autoridad jerárquica sobre las decisiones jurisdiccionales de juezas y jueces.
Su función se centra en garantizar el adecuado funcionamiento del servicio de justicia, la coordinación institucional y el respeto a la independencia judicial, sin interferir en el contenido de sentencias ni en causas específicas.
Además, la presidencia mantiene coordinación permanente con el Consejo de la Judicatura en temas relacionados con carga procesal, necesidades operativas, talento humano e infraestructura judicial.
Aunque no administra directamente recursos ni impone sanciones disciplinarias, puede canalizar requerimientos institucionales y alertar sobre situaciones estructurales que afecten el acceso a la justicia en la provincia.
