El 7 de junio de 2025, la Asamblea Nacional de Ecuador aprobó la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional. Esta legislación fue remitida por el presidente Daniel Noboa Azín con carácter económico urgente. El texto legal busca responder a la situación de violencia y crimen organizado que afecta al país, mediante la adopción de medidas legales, fiscales y sociales.
La Ley Orgánica de Solidaridad Nacional tiene como fundamento diversos artículos de la Constitución de la República del Ecuador. Entre ellos, se destacan los deberes estatales de garantizar el goce efectivo de los derechos fundamentales, defender la soberanía nacional y promover el desarrollo sustentable. El marco constitucional también resalta la obligación de asegurar la seguridad integral y la convivencia pacífica de la población.
El articulado de la ley se apoya en principios como la solidaridad, la equidad y la protección prioritaria de los grupos vulnerables. El Estado asume la responsabilidad de atender a adultos mayores, niñas, niños, adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad y víctimas de violencia, tanto en el ámbito público como privado. Estas disposiciones se alinean con el artículo 35 de la Constitución, que establece la atención prioritaria y especializada para estos grupos.
Ejes constitucionales y principios rectores de la Ley de Solidaridad Nacional
La Ley Orgánica de Solidaridad Nacional incorpora mandatos constitucionales sobre integridad personal y vida libre de violencia. El Estado debe adoptar medidas para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia, en particular la ejercida contra mujeres, niños, adultos mayores y personas en situación de vulnerabilidad. También se prohíben la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes.
El debido proceso y la seguridad jurídica son otros pilares del texto legal. Se garantiza que toda actuación estatal se realice conforme a normas jurídicas previas, claras y públicas, aplicadas por autoridades competentes. La ley enfatiza el respeto a los derechos y obligaciones en cualquier procedimiento, en concordancia con los artículos 76 y 82 de la Constitución.
La administración pública, según el artículo 227, se concibe como un servicio a la colectividad. Se rige por principios de eficacia, eficiencia, calidad, transparencia y descentralización. La ley promueve la planificación participativa y la distribución equitativa del presupuesto para la ejecución de políticas públicas y prestación de servicios esenciales.
Medidas legales y fiscales para combatir el crimen organizado
Uno de los objetivos principales de la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional es fortalecer el marco legal para enfrentar el crimen organizado. La norma contempla la cooperación entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, en cumplimiento de la reforma constitucional aprobada en el referéndum de 2024. Esta reforma permite el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas en funciones de seguridad interna, especialmente para combatir el crimen organizado.
La ley también se basa en recomendaciones internacionales, como las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Se promueve la cooperación internacional, la creación de mecanismos de investigación conjunta y la coordinación de investigaciones transfronterizas en casos relacionados con vínculos entre terrorismo y delincuencia organizada.
En el ámbito fiscal, la ley establece que el régimen tributario debe regirse por los principios de generalidad, progresividad, eficiencia, equidad y transparencia. Solo por iniciativa del Ejecutivo y mediante ley sancionada por la Asamblea Nacional se pueden establecer, modificar o extinguir impuestos, tasas y contribuciones. Esto busca garantizar la sostenibilidad y responsabilidad en el manejo de las finanzas públicas.
Principales puntos de la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional
El texto legal define como prioritario el acceso a servicios básicos, la protección de los derechos fundamentales y la atención a las víctimas de violencia. Se prevé la redistribución de recursos para garantizar la equidad y la solidaridad en la reconstrucción social y productiva de las zonas más afectadas por la violencia y el crimen organizado.
Entre los principales puntos que contempla la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional se encuentran:
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Incentivos fiscales y económicos para la reactivación social y productiva en áreas impactadas por la violencia.
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Atención prioritaria a personas en situación de doble vulnerabilidad, incluyendo víctimas de desastres naturales o antropogénicos.
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Prevención del reclutamiento de menores por grupos armados y mecanismos para su reintegración social.
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Fortalecimiento de la cooperación entre fuerzas del orden y organismos internacionales, conforme a las normativas y tratados ratificados por Ecuador.
Reformas al COIP y la Constitución: Cambios normativos
La Ley Orgánica de Solidaridad Nacional introduce reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) y a la Constitución. Estas reformas buscan dotar al Estado de herramientas legales adicionales para enfrentar la delincuencia organizada y el terrorismo. Entre los cambios se incluyen:
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Endurecimiento de penas para delitos vinculados al crimen organizado, financiamiento ilícito y reclutamiento de menores.
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Ajustes en los procedimientos judiciales para garantizar el debido proceso y la protección de derechos fundamentales.
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Incorporación de la cooperación internacional en la persecución de delitos transnacionales, en línea con tratados y resoluciones internacionales.
La reforma al artículo 158 de la Constitución, aprobada en el referéndum de 2024, permite el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas en funciones de la Policía Nacional. Esta medida busca reforzar la capacidad operativa del Estado en situaciones de emergencia y crisis de seguridad.
Enfoque social, económico y de derechos humanos
La Ley Orgánica de Solidaridad Nacional establece que las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios deben orientarse a hacer efectivos el buen vivir y todos los derechos reconocidos por la Constitución. Se fomenta la participación ciudadana, la transparencia y la planificación descentralizada en la ejecución de políticas públicas.
El régimen de desarrollo, según la ley, debe ser organizado, sostenible y dinámico, garantizando la equidad social y territorial. Se promueve la integración entre regiones, el respeto a la naturaleza y la valoración de todas las formas de trabajo, en concordancia con los principios constitucionales de desarrollo y economía social y solidaria.
En materia fiscal, la ley prioriza el financiamiento de servicios, inversión y bienes públicos, así como la redistribución del ingreso mediante transferencias, tributos y subsidios adecuados. Se incentiva la inversión en sectores clave para la recuperación económica y la producción de bienes y servicios socialmente deseables y ambientalmente aceptables.
Aplicación y seguimiento de la Ley de Solidaridad Nacional
La implementación de la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional requiere la coordinación de diferentes niveles de gobierno y la participación activa de la ciudadanía. El Estado debe garantizar la distribución equitativa y solidaria del presupuesto, así como la evaluación y control de las políticas públicas orientadas a la protección de derechos y la seguridad humana.
El seguimiento de la aplicación de la ley estará a cargo de órganos especializados, que deberán asegurar la convivencia pacífica, la prevención de la violencia y la promoción de una cultura de paz. La legislación también reconoce la importancia de la cooperación internacional y la adaptación de las políticas públicas a las necesidades cambiantes del país.
