Acosta Espinosa expresó su preocupación por la Ley de Integridad Pública, enviada por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional el 27 de mayo de 2025 y aprobada el 24 de junio de 2025.
Muchas reformas
Según el exministro, la normativa se desvió al incluir reformas a 19 leyes, muchas de las cuales no guardan relación con el propósito original.
Entre los cambios, destacó la afectación al Código Orgánico Integral Penal (COIP) en 12 puntos y una disposición transitoria que permite a las cooperativas transformarse en bancos. Acosta calificó esta medida como un intento de “golpear al sistema cooperativo” y desnaturalizar su esencia, contraviniendo la Constitución de Ecuador.
Impacto en el Sistema Cooperativo
Acosta Espinosa alertó que la transformación de cooperativas en bancos podría debilitar un sector que representa el 30% del mercado financiero ecuatoriano, frente al 70% controlado por los seis bancos más grandes. “Tratar de convencernos de que las cooperativas configuran un riesgo sistémico es engañar a la sociedad”, afirmó.
Además, señaló que las cooperativas no pueden invertir fuera del país, a diferencia de los bancos.
Contexto de la Ley y Críticas al ser catalogada una “fanesca”
La Ley de Integridad Pública ha generado controversia por incumplir el principio de unidad de materia, que exige que un proyecto legislativo trate un solo tema. Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, señaló que este procedimiento irregular podría dar lugar a demandas de inconstitucionalidad.
Aprobada por ADN, Revolución Ciudadana, Pachakutik y PSC también incluye reformas que permiten juzgar a menores como adultos en casos de crímenes graves, lo que ha intensificado el debate.
Revolución Ciudadana y Dinámicas Políticas
Reconoce que la Revolución Ciudadana, movimiento del cual fue uno de los ideólogos, enfrenta problemas internos tras tres derrotas consecutivas en las urnas. Acosta, quien se apartó del gobierno de Rafael Correa en 2011, se ha convertido en un crítico frontal de la agrupación.
Sistema Tributario
Propone un sistema tributario progresivo, donde “el que más gane y tenga, contribuya más”, para garantizar una distribución equitativa de la riqueza en Ecuador.
