En Puyo, provincia de Pastaza, vincularon a dos policías y dos civiles a un caso de extorsión. El 20 de abril de 2026, la Fiscalía General del Estado formuló cargos y vinculó a la instrucción fiscal a Steveen A., policía en servicio activo, y a Araceli P., por el presunto delito de extorsión.

En la misma causa ya procesaba desde el 13 de marzo de 2026 a Cristian V. (agente policial) y a Agustín J., quienes fueron aprehendidos en flagrancia durante un operativo en Bolívar el 12 de marzo de 2026.

Investigación policial

Según la investigación, los implicados habrían exigido a una víctima residente en Pastaza el pago de 5.000 dólares a cambio de no atentar contra su integridad ni la de sus familiares. La víctima efectuó varios depósitos a una cuenta bancaria a nombre de Agustín Teodoro J. G., pero decidió denunciar los hechos ante la Policía Nacional tras continuar recibiendo mensajes extorsivos que le exigían completar el monto.

Durante la audiencia de vinculación, el fiscal presentó como elementos de convicción la versión de la víctima, las declaraciones de los agentes aprehensores, el informe de reconocimiento del lugar de los hechos, evidencias recolectadas y los comprobantes bancarios que acreditarían los depósitos realizados.

La jueza que conoció la causa dictó prisión preventiva para Steveen A. y medidas sustitutivas para Araceli P., consistente en presentaciones periódicas y prohibición de salida del país. La instrucción fiscal se amplió por treinta días adicionales para continuar con las investigaciones.

La UNASE

Este caso forma parte de las acciones de la Unidad Nacional de Investigación Antisecuestro y Extorsión (UNASE) de la Policía Nacional, que ha intensificado operativos contra redes dedicadas a la extorsión en diversas provincias del país.

La denuncia se activó el 12 de marzo de 2026, cuando la víctima, cansada de las amenazas, acudió a las autoridades para reportar los hechos. Los dos primeros procesados, Cristian Pedro V. M. y Agustín Teodoro J. G., fueron detenidos en delito flagrante en la provincia de Bolívar.

Posteriormente, las diligencias permitieron identificar la presunta participación de Steveen A. y Araceli P., lo que motivó su vinculación formal a la causa.

Audiencia fiscal

En la audiencia, el fiscal del caso sustentó la solicitud con pruebas documentales y testimoniales. Entre los elementos destacan los comprobantes de transferencias bancarias realizadas por la víctima y los mensajes extorsivos recibidos, que habrían sido analizados como parte de las pericias iniciales.

La jueza valoró estos indicios y consideró que existía suficiente motivación para dictar prisión preventiva contra el agente Steveen A., mientras que para Araceli P., aplicó medidas cautelares menos gravosas, respetando los principios de proporcionalidad y presunción de inocencia.