El movimiento político Unidad Popular presentó este lunes 11 de mayo del 2026 un recurso de queja ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) contra Diana Atamaint, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE). El motivo fue por no responder dentro de los plazos legales a un recurso de corrección presentado por la organización.

Giovanni Atarihuana, director nacional de Unidad Popular, explicó que la queja se fundamenta en el presunto incumplimiento de la titular del CNE, quien habría suspendido en dos ocasiones las sesiones del pleno del organismo electoral pese a contar con el quórum necesario para resolver el pedido.

Afectación a derechos políticos

En el recurso, la organización sostiene que esta conducta vulnera los derechos de participación política, el debido proceso y los principios de certeza y seguridad jurídica. Por ello, solicitaron que Atamaint sea sancionada conforme a la normativa electoral vigente.

La causa fue asignada al juez Patricio Maldonado, quien tramita el caso. El TCE solicitó a Unidad Popular aclarar y completar ciertos requisitos procesales, entre ellos la acreditación actualizada de la representación legal, la precisión de los actos impugnados y el lugar exacto de notificación de la presidenta del CNE. La organización cuestionó parte de estos requerimientos, al considerar que la dirección institucional del CNE ya consta en el escrito.

Incertidumbre electoral: Unidad Popular espera definición tras sesión del CNE

El Consejo Nacional Electoral postergó la decisión sobre la personería jurídica de Unidad Popular. La sesión estuvo marcada por fuertes enfrentamientos verbales entre los consejeros nacionales.

Origen del conflicto

Este nuevo recurso surge tras la decisión del CNE de cancelar la personería jurídica de Unidad Popular el 26 de abril de 2026, por no alcanzar el mínimo de afiliados requerido por la ley. La organización presentó un recurso de corrección que, según sus dirigentes, no ha sido resuelto en los plazos establecidos.

Atarihuana afirmó que el incumplimiento afecta directamente los derechos constitucionales de participación política del movimiento, especialmente a puertas de las elecciones seccionales del 29 de noviembre de 2026.

Próximos pasos

El juez Maldonado otorgó un plazo improrrogable de dos días para que Unidad Popular complete la información solicitada. De no cumplir con los requisitos, el TCE advierte que la causa podría archivarse, dejando en firme la cancelación del registro.