Unidad Popular evalúa presentar una denuncia contra José Merino, vocal del Consejo Nacional Electoral (CNE), por un presunto delito de odio. Así lo confirmó Natasha Rojas, dirigente de la organización política, quien señaló que el funcionario expresa públicamente animadversión hacia una agrupación de izquierda. La medida forma parte de una serie de acciones legales que la organización prepara contra el organismo electoral.
La organización política sostiene que los vocales Diana Atamaint, presidenta del CNE, y Merino "responden a las órdenes del presidente de la República, Daniel Noboa". Según Unidad Popular, ambos funcionarios irrespetaron normas constitucionales y la normativa electoral vigente. La agrupación exige que el CNE garantice la democracia y el derecho a la participación política en el país.
Señalamientos sobre la cancelación del registro
La dirigencia de Unidad Popular denunció que la eliminación de su registro ocurrió 23 días después del vencimiento del plazo, el 26 de abril. El CNE resolvió la cancelación de forma extemporánea y, además, no presentó evidencias de las desafiliaciones. Ante esta situación, la organización presentó un recurso de corrección ante el CNE el 30 de abril.
Según la normativa, el organismo debía pronunciarse en un plazo de tres días. El vocal Flores aseguró que el CNE "ha vulnerado todos los procesos jurídicos establecidos en función de los tiempos". La dirigencia afirmó que Unidad Popular se mantiene vigente pese al proceso de cancelación impulsado por el organismo electoral.
Interpretación del Código de la Democracia que cuestiona Unidad Popular
El 2 de mayo, durante una sesión del Pleno del CNE, Merino sostuvo que el derecho "evoluciona" y que la ley ya no solo "manda, prohíbe y permite". El funcionario argumentó que la norma también "organiza, orienta y estructura la actuación de la autoridad". Asimismo, indicó que "estamos ante una decisión de fondo: si este Consejo aplica la ley con responsabilidad o si permite que el paso del tiempo se convierta en un refugio para el incumplimiento".
Merino añadió que se intentó convertir el plazo de 120 días, previsto en el artículo 327 del Código de la Democracia, en un "candado absoluto". Para Unidad Popular, esta interpretación resulta errónea y responde a intereses políticos externos al organismo electoral. La organización considera que el funcionario actúa bajo la influencia directa del Ejecutivo.
Advertencias y acciones legales contra el CNE
La dirigente Rojas manifestó que "Merino ha dicho que podría o debería establecerse plazos y analizarse los términos del Código de la Democracia". La organización evalúa presentar una queja formal por delito de odio, al considerar que el vocal expresa públicamente animadversión hacia Unidad Popular por tratarse de una agrupación de izquierda. Esta acción legal se suma al recurso de corrección interpuesto el 30 de abril.
Finalmente, Rojas agregó que Atamaint y Merino "hoy están muy valientes porque les protege el Gobierno". La dirigente sostuvo que ambos funcionarios deberán rendir cuentas ante la justicia y la ciudadanía, al calificar lo ocurrido como parte de un supuesto fraude electoral.
Unidad Popular reafirma su vigencia como organización política y anuncia más medidas legales en los próximos días.
