La Unión Nacional de Educadores (UNE) y la Federación de Barrios de Quito presentaron el 24 de febrero de 2026 una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional, en Quito, contra la Ley de Sostenibilidad y Eficacia del Gasto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, porque consideran que vulnera derechos y afecta programas sociales.
Demanda y alcance legal
La acción legal se presentó un día después de que la norma entró en vigencia tras su publicación en el Registro Oficial, el 23 de febrero de 2026. La ley fija que municipios y gobiernos provinciales destinen 70 % de sus ingresos a inversión y 30 % a gasto corriente, incluyendo sueldos y festividades. Según el Ejecutivo, la medida busca ordenar el uso de recursos públicos.
Sin embargo, los demandantes sostienen que la norma no ataca el uso ineficiente de fondos. Además, cuestionan el procedimiento legislativo empleado. Argumentan que la ley se tramitó como urgente en materia económica sin cumplir los requisitos constitucionales para esa categoría. El Gobierno del presidente Daniel Noboa ha defendido la reforma. Señala que varios GAD invierten más en eventos festivos que en servicios básicos como agua potable y vialidad.
Impacto en educación y programas locales
Andrés Quishpe, presidente de la UNE, rechazó esa postura. Afirmó que la norma elimina partidas que financian servicios esenciales. "Lo que sí hay es una supresión de las partidas 71 y 78 que pasan a ser consideradas gasto corriente y se refieren a pagos de personal y programas sociales", señaló.
Quishpe agregó que la educación municipal enfrenta riesgos directos. "A nivel nacional, la educación municipal tiene 111 planteles educativos, más de 35 mil estudiantes, que están en peligro", declaró el dirigente, al advertir posibles recortes presupuestarios.
El reclamo se suma a otra acción ingresada el mismo día por el concejal de Quito Andrés Campaña. Él advirtió que programas municipales como ‘60 y piquito’, hoy clasificados como inversión, podrían pasar a gasto corriente, lo que comprometería un presupuesto cercano a dos millones de dólares.
Anuncio de movilizaciones
Las organizaciones sociales también anunciaron acciones en las calles. Dirigentes de la UNE indicaron que la ley, junto con otras políticas gubernamentales, ha incrementado el descontento social. Por eso, convocaron a una movilización nacional para el viernes 13 de marzo de 2026. La protesta busca sumar al Frente Unitario de Trabajadores (FUT), al Seguro Social Campesino y a otros colectivos. Los organizadores prevén concentraciones en varias ciudades del país.
Entre las demandas figuran la situación del sistema de salud pública, la inseguridad, la inestabilidad laboral y la falta de incremento salarial en el sector público, congelado desde hace 14 años. Quishpe indicó que mantendrán reuniones con sectores del movimiento indígena para coordinar su participación.
