La Unión Nacional de Educadores (UNE) presentó una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley de Integridad Pública ante la Corte Constitucional (CC). La acción legal cuestiona tanto el fondo como la forma en que se aprobó esta ley, que incluye reformas que afectan derechos de los trabajadores, mujeres, niños y adolescentes.

El presidente de la UNE, Andrés Quishpe, explicó que el documento inicial enviado por el Ejecutivo difería del texto final aprobado en la Asamblea Nacional, donde se insertaron modificaciones a más de 20 leyes, lo que vulnera la unidad de materia exigida en el proceso legislativo.

Quishpe denunció que el Legislativo se arrogó competencias al incluir reformas que no correspondían al proyecto original, rompiendo protocolos jurídicos y parlamentarios. Además, señaló que la ley contiene artículos que afectan la estabilidad laboral, la compensación jubilar y que incluso buscan “asaltar a los organismos de justicia”.

Falta de unidad de materia y violaciones a derechos laborales

La demanda de la UNE destaca que uno de los puntos controversiales de la Ley de Integridad Pública es la modificación al régimen de jubilación voluntaria. Según Quishpe, la ley obliga a los servidores públicos que contaban con más de 360 aportes al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y que planeaban jubilarse a partir de los 60 años, a esperar hasta los 65 para solicitar la compensación jubilar. Esto representa un retroceso que vulnera el principio constitucional de progresividad de derechos y afecta especialmente a docentes, médicos y otros trabajadores del sector público.

Otro aspecto cuestionado por la UNE es la evaluación de los servidores públicos, que elimina la estabilidad laboral y convierte el proceso en una medida punitiva. Quishpe advirtió que esta reforma genera inseguridad en el empleo y desprotege a los trabajadores estatales.

Además, la demanda critica las reformas relacionadas con la sanción de adolescentes infractores como adultos. El dirigente afirmó que la ley criminaliza a las víctimas en lugar de atacar a quienes reclutan a menores para actividades ilícitas.

UNE: convocatoria a movilización

La UNE solicitó a la Corte Constitucional que suspenda la aplicación de los artículos que violan la estabilidad laboral y la compensación jubilar. Quishpe hizo un llamado a organizaciones sociales y de trabajadores para que presenten nuevas demandas, dado que la ley modifica más de 20 normativas vigentes.

Además, la UNE convocó a una movilización nacional para el próximo 11 de julio de 2025 en Quito, frente a la Corte Constitucional. La protesta busca exigir que el máximo tribunal centre su debate en la demanda presentada y garantice la restitución de los derechos vulnerados.