El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) admitió a trámite el recurso subjetivo contencioso electoral presentado por el movimiento Unidad Popular (lista 2) para revertir su cancelación como organización política. La causa, registrada con el número 092-2026-TCE, quedó a cargo de la jueza Ivonne Coloma y fue impulsada por Geovanni Atarihuana, director nacional y representante legal del partido.
Unidad Popular busca la nulidad de las resoluciones PLE-CNE-1-20-5-2026 y PLE-CNE-1-26-4-2026 emitidas por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que dejaron sin efecto su personería jurídica junto con el movimiento Construye por presuntos incumplimientos en el número mínimo de adherentes requeridos.
Argumentos de Unidad Popular
La organización política argumenta irregularidades y extemporaneidad en el trámite del CNE. Señala que la resolución fue emitida fuera de los plazos establecidos en el Código de la Democracia y cuestiona la legalidad de la votación debido a cambios en la integración del pleno electoral.
Previamente, Unidad Popular presentó un pedido de corrección ante el Pleno del CNE, el cual fue negado con tres votos a favor y uno en contra. Tras esa decisión, el movimiento anunció que acudiría al TCE.
Medidas ordenadas por el TCE
En el auto de admisión, la jueza Ivonne Coloma dispuso que el CNE entregue en un plazo de dos días el expediente administrativo completo, incluidos informes técnicos, jurídicos y soportes digitales relacionados con las resoluciones impugnadas.
La acción se fundamenta en el numeral 15 del artículo 269 del Código de la Democracia, que permite recurrir resoluciones electorales que generen perjuicio a las organizaciones políticas.
El TCE indicó que resolverá la causa "en mérito de los autos", aunque dejó abierta la posibilidad de pronunciarse posteriormente sobre el pedido de audiencia de estrados solicitado por Unidad Popular.
Contexto del proceso electoral
La cancelación de Unidad Popular forma parte de un proceso iniciado por el CNE para revisar el cumplimiento de requisitos de las organizaciones políticas de cara a las elecciones seccionales de 2027.
La dirigencia del movimiento busca demostrar que existieron vicios en el procedimiento administrativo que invalidarían las resoluciones de cancelación. Por tratarse de materia electoral, la sustanciación del recurso correrá en días y horas hábiles continuas mientras dure el periodo electoral.
