La bancada de la Revolución Ciudadana en la Asamblea Nacional solicitó este 2 de marzo de 2026 la integración inmediata de la asambleísta nacional Priscila Schettini a su curul. La bancada argumentó que han cesado los impedimentos legales derivados de una sanción electoral por violencia política de género.

El pedido se dirige al presidente del Legislativo, Niels Olsen, para garantizar el ejercicio de sus funciones sin dilaciones, en un contexto de reformas al Código de la Democracia que redujeron la pena original. En un comunicado oficial, el bloque correísta, el segundo con mayor representación en la Asamblea, detalló que Priscila Schettini enfrentó "impedimentos y trabas" para asumir su cargo, electo en las elecciones de 2025.

La sanción, impuesta por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) en mayo de 2025, suspendió sus derechos de participación política por tres años inicialmente. Sin embargo, tras reformas legales aprobadas en junio de 2025 con apoyo del correísmo y el oficialismo, la pena se moduló a nueve meses bajo el principio de favorabilidad, venciendo el 10 de febrero.

Detalles de la habilitación y pedido formal

El Ministerio del Trabajo levantó formalmente el impedimento, habilitando así los derechos políticos de Priscila Schettini. En este marco, la asambleísta presentó un oficio el 23 de febrero de 2026 a Olsen, solicitando asumir su curul y afirmando la ausencia de barreras legales. La bancada enfatizó que esta incorporación es esencial para el pleno funcionamiento del Legislativo y el respeto a los principios democráticos.

La sanción contra Priscila Schettini se originó en una denuncia por violencia política de género presentada por la exfiscal general del Estado, Diana Salazar. El TCE ratificó la sentencia en segunda instancia en mayo de 2025, antes de la posesión de los actuales asambleístas. Como resultado, Schettini no pudo integrarse al inicio del periodo legislativo, y su reemplazo temporal fue el exlegislador Santiago Díaz Asque.

Controversias asociadas y reemplazo temporal

Díaz Asque, quien actuó en su lugar, enfrenta actualmente un proceso legal por presunto abuso sexual contra una menor, lo que derivó en su salida de la Asamblea y separación de la bancada correísta. Este caso ha generado controversia adicional en el ámbito político ecuatoriano, destacando tensiones entre sanciones electorales y derechos de representación.

Las reformas al Código de la Democracia, aprobadas en junio de 2025, introdujeron el principio de favorabilidad para modular sanciones previas, permitiendo revisiones en casos como el de Priscila Schettini.