La Revolución Ciudadana (RC) solicitó al Tribunal Contencioso Electoral (TCE) revocar la suspensión de nueve meses, el miércoles 8 de abril de 2026, en Quito, con el objetivo de recuperar sus derechos políticos. El movimiento del correísmo presentó un recurso formal para dejar sin efecto la sanción que lo inhabilita temporalmente. La diligencia se realizó la tarde del miércoles ante el organismo electoral competente.

El abogado de la RC, Gabriel Rivera, acudió al tribunal para sustentar la petición. Según explicó, la organización busca restituir su participación dentro del sistema democrático ecuatoriano. Asimismo, la solicitud fue dirigida al juez electoral Joaquín Viteri, quien deberá analizar la legalidad del pedido y emitir una resolución conforme a la normativa vigente.

Informe de la UAFE y actuación de la Fiscalía

Rivera indicó que la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) emitió un informe que excluye a la RC de responsabilidad en el manejo ilícito de recursos. El documento respalda la defensa del movimiento político. El abogado informó que dicho informe fue ingresado ante la Fiscalía General del Estado, junto con la solicitud de que se deje sin efecto el oficio remitido al TCE para suspender a la organización.

Además, Rivera aseguró que el pronunciamiento de la Fiscalía fortalece la petición. "El Fiscal (General) nos ha contestado que Fiscalía no ha enviado ese documento al Tribunal Contencioso Electoral", señaló. El jurista explicó que la medida de suspensión carecería de sustento si no fue solicitada formalmente por la autoridad competente. Por ello, presentó la revocatoria ante el tribunal electoral.

"El Fiscal no miente porque es la única persona que lo podía hacer", afirmó Rivera, al referirse a la respuesta institucional emitida por la Fiscalía. En ese contexto, el abogado solicitó la anulación de la sanción. "Exigimos que se respeten los derechos del pueblo ecuatoriano a elegir y ser elegido", declaró.

Impacto en el calendario electoral

La suspensión impuesta a la Revolución Ciudadana impediría su participación en procesos electorales si se mantiene vigente. Esta situación genera expectativa dentro del escenario político nacional. De acuerdo con la información disponible, la organización no podría intervenir en las elecciones seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social si la medida no se revoca.

Finalmente, las votaciones fueron adelantadas para el 29 de noviembre, lo que incrementa la relevancia de la decisión que adopte el Tribunal Contencioso Electoral en las próximas semanas.