La justicia ecuatoriana atraviesa un nuevo episodio de inestabilidad tras la reciente designación de Damián Larco como presidente del Consejo de la Judicatura (CJ). En medio de denuncias por presuntas maniobras políticas para frenar la subrogación de Alexandra Villacís, el entorno jurídico debate la legalidad y legitimidad de un perfil cercano al Ejecutivo al mando del órgano de gobierno judicial. En una entrevista de Manavisión Plus el abogado penalista Pablo Encalada, brindó una panorámica más amplia de lo que este escenario significa.
-Alexandra Villacís fue frenada por un impedimento del SRI que la propia institución desmintió luego, abriendo paso a Damián Larco, un perfil del Ejecutivo. ¿En qué momento Villasís se convirtió en una figura incómoda para el poder?
Creo que para poner en contexto, hace pocos meses se nombró el nuevo Consejo de la Judicatura. Cuando se nombró a esos vocales, se nombraron también a sus suplentes, cuyo rol es sucederles cuando el titular no esté por renuncia, destitución o muerte. Era obvio que debía sucederle la doctora Alexandra Villacís tras la salida de Mario Godoy. Pero ahí empezaron las interpretaciones antojadizas en medios del gobierno y redes sociales para decir que la alterna no debía sucederle. Se notaba un interés por sacarla. ¿Por qué le resultaba incómoda al gobierno? Yo creo que porque no la pueden manejar; porque no fue puesta por ellos y no es una persona que les vaya a responder como el gobierno espera, que no sea una "empleada" del gobierno.
-¿Cómo califica la forma en que se dio este cambio en la directiva?
Lo que hicieron es de una manera absolutamente mañosa, propia de gobiernos autoritarios tramposos: le crearon una inhabilidad supuestamente por una deuda ante el SRI que ella no tiene. Con esto la inhabilitaron y, con la complicidad del Consejo de Participación Ciudadana y la Corte Nacional, solicitaron una terna para reemplazarla. Mientras tanto, le han encargado la presidencia al delegado del Presidente de la República, el economista Larco, una persona de su entorno muy cercano.
-¿Es coincidencia o es un movimiento del gobierno de Daniel Noboa para controlar este poder del Estado?
No es ninguna coincidencia; son acciones de frente. Yo veo un descaro por parte del gobierno porque no cuidan ni las formas. La intención es controlar el Consejo de la Judicatura. Es importante entender que la Judicatura es el órgano de administración y gobierno del Poder Judicial. Al Gobierno Nacional le interesa tenerlo de su lado porque es muy fácil interferir en las decisiones de los jueces. El Ejecutivo necesita controlar el Poder Judicial.
-¿Cuál es el objetivo final de querer controlar a los jueces?
Esa pregunta genera mucho nerviosismo. ¿Para qué se usa el Poder Judicial? Nunca está bien que el Ejecutivo lo controle. El ideal es la independencia, porque sin ella no hay justicia ni democracia. ¿Por qué el gobierno quiere controlarlo? Bueno, ¿será para perseguir a sus adversarios políticos o para que no se investiguen casos donde hay funcionarios señalados? No sé qué más puede ser, pero cualquier razón es absolutamente insano para el país.
-Ha causado ruido que Damián Larco sea economista y no abogado. ¿Qué es lo que más debería llamar la atención de este perfil?
La cercanía con el presidente, principalmente. Recordaba el caso de Gustavo Jalkh en la época del correísmo; él era un profesional valioso, pero venía de ser secretario particular del presidente. Eso era suficiente para inhabilitarlo. Con el tiempo, Jalkh fue el artífice del secuestro del poder judicial. Ahora tenemos a otra persona sin esas credenciales, pero del entorno íntimo del presidente, que fue director del SRI. ¿Cómo esta persona puede estar en un cargo que debe ser independiente? Lo que es peor es la forma como llegó: asaltando la Judicatura a través de decisiones tramposas a medianoche. Que sea economista es la menor de las preocupaciones.
-¿Qué podemos esperar los ecuatorianos? ¿Existe alguna salida a esta manipulación?
Es muy difícil ver la luz al final del túnel porque quienes controlan el poder no tienen la menor intención de cambiar. Una solución sería aprovechar el próximo concurso de la Corte Nacional de Justicia para atraer a los mejores profesionales, como se hizo en 2005 con la OEA. Otra sería una reforma constitucional para que la Judicatura sea solo un órgano de administración y pierda ese poder de gobierno que la hace tan apetecida. Pero lo digo con escepticismo porque no hay interés de la clase política.
-Se menciona que el caso "Goleada" contra el alcalde Aquiles Álvarez fue una cortina de humo para lo que pasaba en la Judicatura. ¿Comparte esa opinión?
No lo descarto. Independientemente de si es culpable o inocente, parece bastante claro que se trata de una persecución política por la forma violenta en que lo han enfrentado. Lo que más me preocupa es que el juez que dicta la prisión preventiva contra Álvarez está siendo investigado penalmente por corrupción. Ese juez, ¿con qué independencia puede resolver un caso donde el poder político lo tiene cogido del cuello? Es muy probable que haya abuso de poder.
-¿Es legítima la presidencia de Damián Larco?
Es ilegítima. La forma que han tenido para ponerlo en ese lugar es totalmente contraria al derecho. Ojalá las acciones que presenta la doctora Villasís se resuelvan en derecho y recompongan la integración del Consejo de la Judicatura de manera democrática.
