El 16 de abril de 2026, en Quito, un equipo técnico del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) recomendó desechar once impugnaciones contra Mercedes Caicedo, Ramón Echaiz y Paquita Chiluiza, al no cumplir requisitos formales.
Un equipo técnico integrado por siete asesores revisó catorce impugnaciones presentadas por ciudadanos contra los tres aspirantes. El análisis concluyó que once no cumplen los requisitos reglamentarios. Además, varios de los recursos carecieron de respaldo documental. La coordinadora del equipo, Doménica Álvarez, afirmó: "ninguna de las once impugnaciones cumplieron con los requisitos".
También indicó que "ninguna contó con documentos de soporte", lo que impidió sustentar los cuestionamientos sobre probidad e idoneidad de los postulantes. El informe técnico se aprobó con cinco votos a favor, uno en contra y una abstención. Entre quienes apoyaron la recomendación constan delegados de varios consejeros del CPCCS.
En cambio, el delegado David Rojas votó en contra. Él señaló que la revisión debía centrarse solo en requisitos formales, sin evaluar el contenido de las impugnaciones. Por su parte, Ana Bastidas se abstuvo y cuestionó la validez de la convocatoria. Argumentó posibles errores en procedimientos administrativos durante la reunión.
Próxima etapa: decisión del pleno del CPCCS
El informe será enviado al pleno del CPCCS. Los consejeros deberán decidir si acogen o no la recomendación técnica en los próximos días. Si el pleno respalda el informe, el proceso avanzará a la exposición de planes de trabajo de los aspirantes. Esta fase constituye la penúltima etapa del proceso.
Después, los consejeros tendrán dos días término para tomar una decisión. Se requerirán cuatro votos para alcanzar mayoría o una resolución unánime. El proceso busca llenar vacantes por la ausencia definitiva de autoridades en el Consejo de la Judicatura. Este mecanismo se activó tras solicitudes institucionales.
El 9 de febrero de 2026, el organismo pidió iniciar la selección del reemplazo. La vacante surgió tras la inhabilitación de una autoridad, según registros oficiales. Luego, el 18 de febrero de 2026, el entonces presidente del CJ, Mario Godoy, fue destituido por la Asamblea Nacional mediante juicio político.
Perfil de los tres aspirantes
Mercedes Caicedo es abogada con formación en la Universidad de Guayaquil. Cuenta con seis títulos de posgrado y experiencia en Fiscalía y judicatura provincial. También se desempeñó como conjueza de la Corte Nacional de Justicia y jueza encargada. Su trayectoria incluye funciones en Los Ríos y Bolívar.
Ramón Echaiz tiene más de 25 años de experiencia profesional. Ha trabajado en el sector público y privado, con especialidad en litigios y asesoría jurídica. Actualmente ejerce defensa legal en Ecuador y Estados Unidos. Su experiencia incluye cargos en Petrocomercial, Pacifictel y estudios jurídicos internacionales.
Paquita Chiluiza es abogada y magíster en derecho penal. Desde 2013 actúa como jueza en la Corte Provincial de Pichincha. Antes ocupó funciones en la Corte Suprema de Justicia. Su carrera se centra en el ámbito judicial y familiar.
El Consejo de la Judicatura se integra por cinco consejeros. Estos provienen de funciones del Estado como Ejecutiva, Legislativa y Judicial. El delegado de la Corte Nacional de Justicia preside el organismo. En este proceso, la terna fue enviada por su presidente, Marco Rodríguez. La selección del vocal principal y suplente definirá la conducción del organismo. La resolución final dependerá del pleno del CPCCS.
