La asambleísta electa Priscila Schettini presentó el 23 de febrero una solicitud formal de reincorporación a la Asamblea Nacional. La legisladora afirma que ya cumplió la sanción de suspensión de derechos políticos impuesta por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) y que no existe ningún impedimento legal para asumir el cargo para el que fue elegida en las urnas.

Priscila Schettini explicó que el pedido busca únicamente activar los trámites administrativos necesarios: ingreso al edificio, asignación de correo institucional y habilitación de su curul.

"Legalmente yo sigo siendo asambleísta nacional. Ya no estoy impedida", 

Priscila Schettini, asambleísta. 

Trámites administrativos para el retorno

La sanción original, de tres años de suspensión de derechos políticos, se originó en una denuncia por violencia política de género presentada por la entonces fiscal general Diana Salazar. La queja se relacionó con las críticas públicas de Priscila Schettini sobre presuntas irregularidades en el caso de su esposo, Freddy Carrión, y un supuesto plagio que, según la asambleísta, superaría el 40 % de la tesis académica de la exfuncionaria.

En julio de 2025, la reforma al Código de la Democracia redujo la sanción a nueve meses bajo el principio de favorabilidad. Priscila Schettini  precisó que los nueve meses concluyeron el 10 de febrero de 2026 y que el propio TCE notificó al Ministerio de Trabajo para levantar el impedimento de ejercer cargos públicos. "La sanción se cumplió en su totalidad y ya está levantado el impedimento", afirmó.

Cumplimiento de la sanción y entrega de credenciales

Según radio Pichincha, la legisladora entregó su documentación en mayo de 2025 para la posesión del Parlamento, pero no pudo asumir funciones debido a la suspensión vigente en ese momento. Durante este periodo, su escaño ha sido ocupado por legisladores alternos; actualmente, la asambleísta Ani Muñoz ejerce de manera temporal.

Priscila Schettini indicó que su caso es analizado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que solicitó información al Estado ecuatoriano sobre posibles vulneraciones al debido proceso y a la libertad de expresión. Además, presentó una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional, aunque reconoció que una resolución definitiva podría demorar entre ocho y diez años.

Seguimiento internacional y acciones judiciales

La asambleísta sostuvo que su reincorporación depende exclusivamente de decisiones administrativas internas de la Asamblea. "Lo que el presidente de la Asamblea tiene que hacer es ordenar que se faciliten los temas administrativos: el ingreso, el correo institucional y todo lo necesario para sentarme en mi curul. No habría que hacer nada más", señaló.

Priscila Schettini espera una respuesta en los próximos días. De no ser atendida su solicitud, anticipó que iniciará nuevas acciones legales. "¿Por qué siempre tengo que pelear por algo que nos pertenece? No es solo Priscila, es la voluntad de millones de ecuatorianos que votaron", expresó.