La Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional aprobó el 11 de marzo de 2026, con siete votos a favor, el informe para segundo debate del proyecto de Ley Orgánica Reformatoria para el Fortalecimiento del Sistema Penitenciario, que propone crear una política pública de trabajo interno para personas privadas de libertad dentro de los centros penitenciarios del país.
Informe legislativo avanza al Pleno
El documento será remitido al Pleno de la Asamblea Nacional para su discusión en segundo debate. El texto incluye una disposición transitoria que plantea el desarrollo de una política de trabajo interno dentro de los centros de privación de libertad. La propuesta busca que las personas privadas de libertad participen en actividades laborales dentro de los centros penitenciarios. El objetivo es cubrir necesidades básicas dentro de las cárceles y fortalecer procesos de rehabilitación social.
El informe legislativo señala que el trabajo interno deberá desarrollarse bajo los derechos y garantías establecidos en la Constitución y dentro de una política pública definida por el sistema penitenciario. La disposición décima del proyecto establece que el Sistema Nacional de Rehabilitación Social deberá diseñar e implementar la política pública de trabajo interno en un plazo máximo de 36 meses.
El texto legislativo no establece una aplicación inmediata del trabajo interno en cárceles. Tampoco ordena que todas las personas privadas de libertad deban participar en actividades laborales desde ahora. En cambio, la propuesta fija un plazo para que el organismo responsable estructure el programa y determine las condiciones en las que se aplicará el trabajo interno dentro del sistema penitenciario.
Participación dependerá de criterios técnicos
El proyecto de ley indica que no todas las personas privadas de libertad ingresarán automáticamente al sistema de trabajo interno. La normativa establece que el organismo técnico competente definirá quiénes podrán participar. La selección deberá basarse en criterios técnicos, de seguridad, salud, aptitud y régimen de rehabilitación. Estos factores permitirán determinar qué internos pueden integrarse a actividades productivas dentro de los centros de privación de libertad.
El documento legislativo también señala que estas actividades laborales deberán integrarse a los procesos de rehabilitación social que forman parte del sistema penitenciario ecuatoriano. El informe para segundo debate forma parte de una reforma más amplia orientada a fortalecer el funcionamiento del sistema penitenciario en Ecuador.
El proyecto incorpora medidas relacionadas con clasificación penitenciaria, traslados por seguridad y manejo de personas privadas de libertad consideradas de alto riesgo. Dentro de ese conjunto de cambios, el trabajo interno aparece como una herramienta vinculada al proceso de rehabilitación social. El texto propone integrarlo mediante una política pública específica del sistema penitenciario.
Nuevas faltas disciplinarias dentro de cárceles
La reforma también plantea nuevas faltas disciplinarias dentro del sistema penitenciario. Entre ellas se incluye ejercer control sobre pabellones, economatos, alimentación, turnos o servicios mediante amenazas o violencia. El documento sanciona además extorsionar o condicionar el acceso a servicios o derechos dentro de los centros de privación de libertad. Entre los derechos mencionados se incluyen acceso al trabajo, educación, alimentación, salud y visitas dentro del sistema penitenciario.
El proyecto establece la obligación de crear la política pública de trabajo interno. Sin embargo, el texto no define aún detalles operativos sobre su funcionamiento. Aspectos como modalidades de trabajo, organización de actividades o jornadas laborales podrían definirse durante el segundo debate legislativo o mediante normativa posterior. Por ahora, el informe aprobado fija el mandato legal y el plazo máximo de 36 meses para que el sistema penitenciario implemente la política pública dentro de los centros de privación de libertad en Ecuador.