El presupuesto de la Prefectura de Manabí para este año es de 222 millones de dólares y cumple con la regla fiscal 70/30.

El prefecto Leonardo Orlando indicó que la institución mantiene los indicadores exigidos por la normativa y proyecta sostener ese cumplimiento hasta 2027, conforme a la planificación financiera institucional.

¿Cómo se distribuye el presupuesto provincial?

La planificación financiera del Gobierno Provincial de Manabí (GPM), establece que 167,7 millones de dólares se destinarán a inversión, principalmente para proyectos de obras públicas, infraestructura y programas de desarrollo social.

Entre los principales rubros se incluyen proyectos de conectividad vial, obras de riego y manejo de aguas, además de otras iniciativas que buscan mejorar las capacidades sociales y productivas de la provincia.

Estos proyectos se ejecutarán con recursos provenientes de fondos propios, financiamiento del Banco de Desarrollo del Ecuador, créditos de la CAF y otras fuentes de financiamiento.

En contraste, los egresos corrientes suman 24,59 millones de dólares, destinados a la adquisición de bienes y servicios administrativos, pagos de personal, seguridad social y transferencias corrientes.

Preocupación por efectos de la regla fiscal

El prefecto indicó que, aunque el GPM cumple con la distribución 70/30, existen preocupaciones sobre los efectos de la normativa en programas sociales y convenios institucionales.

Según explicó, la regla fiscal excluye algunos rubros que anteriormente se consideraban inversión, entre ellos convenios de transferencia de recursos con organizaciones sociales sin fines de lucro, como la Fundación Oswaldo Loor, Fundación La Vida, Solca y otras organizaciones que ejecutan programas sociales con apoyo de la prefectura.

Orlando señaló que estos convenios ya no serían considerados inversión social, lo que podría afectar la forma en que se registran los gastos dentro de la estructura presupuestaria.

Explicó que la normativa también impactaría en los convenios de cooperación con gobiernos cantonales y parroquiales . "El que transfiere los recursos no va tener ese reconocimiento, solo lo va a tener el que lo ejecute. En vez de incentivarse de que se promueva, a través de presupuesto participativo multinivel, que se junte los tres o cuatro niveles de Gobierno, se desincentiva", precisó el prefecto.

También advirtió que proyectos sociales ejecutados con organizaciones no gubernamentales, debido a su especialización, podrían dejar de ser considerados inversión.

Personal técnico y operadores también quedarían excluidos

Otro punto señalado por el prefecto es que el personal técnico vinculado a proyectos de inversión tampoco sería reconocido dentro del gasto de inversión. Esto incluye a profesionales que trabajan en proyectos de infraestructura, así como operadores de maquinaria utilizados en obras públicas.

Según Orlando, la normativa también excluye las remuneraciones de estos trabajadores, lo que podría alterar la clasificación del gasto dentro de la regla fiscal. Pese a estas observaciones, el prefecto reiteró que la institución seguirá cumpliendo con la distribución del presupuesto, mientras se analiza la aplicación de la normativa.

"Haremos todos los esfuerzos, pero esperamos que sea la Corte Constitucional, o el propio Ejecutivo conjuntamente con la Asamblea Nacional, hagan las reformas. El Ministerio de Economía y Finanzas que tiene que emitir reglamentaciones, pueda, a través del diálogo, antes de expedir la normativa secundaria", expresó Orlando.

Posición de la Asamblea sobre la regla 70/30

La asambleísta Valentina Centeno, explicó que la regla fiscal se mantiene para prefecturas y municipios, pero no para los gobiernos parroquiales rurales.

Según indicó, los GAD parroquiales fueron excluidos porque manejan presupuestos muy pequeños, lo que dificultaría cumplir con la normativa. "Era imposible que puedan cumplir esta regla 70/30 para sostener, además, a su personal operativo y de atención a los ciudadanos", señaló.

Además, recalcó que las competencias de los GAD Parroquiales son distintas a las de los municipios y prefecturas.

La legisladora sostuvo que la regla busca que los recursos públicos se utilicen con mayor eficiencia y justicia social. En ese sentido, señaló que la intención es que el presupuesto se concentre en obra pública, agua potable, alcantarillado, saneamiento y vialidad. También afirmó que el objetivo es evitar que los recursos se destinen a burocracia, entretenimiento o actividades que no representen prioridades ciudadanas.