La Policía de Yogyakarta, en Indonesia, procedió a la clausura de la guardería privada "Little Aresha" y a la detención de 13 personas, tras descubrir un presunto esquema de maltrato físico y negligencia sistemática que afectó a más de medio centenar de menores. La intervención policial se produjo tras la denuncia formal presentada por una exempleada del establecimiento.
La mujer alertó alertó sobre las condiciones irregulares en las que se encontraban los niños bajo cuidado del centro. Rizki Adrian, jefe de la unidad de investigación criminal, informó que entre los acusados se encuentran la directora del centro, la responsable de la fundación y varios cuidadores.
Presuntamente atados y sometidos a castigos físicos
Según las investigaciones preliminares, de los 103 niños matriculados en la institución —la mayoría de ellos menores de dos años—, al menos 53 han sido identificados como presuntas víctimas de maltratos. Asimismo, las autoridades confirmaron que el establecimiento operaba de manera ilegal, al no contar con la licencia de funcionamiento habilitante requerida por la normativa local.
El allanamiento reveló que los menores eran presuntamente atados con retazos de tela y sometidos a castigos físicos. Tras el operativo, varios padres de familia relataron a medios internacionales que habían observado indicios de irregularidades de manera previa.
Testimonios como el de Noorman, padre de dos niños inscritos en el centro, señalaron que sus hijos presentaban lesiones físicas recurrentes y llegaban al hogar con signos de hambre. No obstante, los representantes explicaron que el personal del centro solía justificar los golpes y mordeduras como incidentes comunes derivados de la interacción natural entre niños pequeños.
Intensificado la indignación ciudadana
Ante la gravedad del hallazgo, el Gobierno local de Yogyakarta ha solicitado evaluaciones médicas y psicológicas exhaustivas para todos los menores afectados, además de brindar apoyo terapéutico a las familias. En plataformas digitales, la difusión de testimonios y material audiovisual sobre las vivencias de los niños dentro de la guardería ha intensificado la indignación ciudadana, acelerando los procesos de auditoría en centros similares.
Actualmente, el proceso judicial contra los 13 implicados continúa su curso bajo cargos de violación a las leyes de protección de la niñez y negligencia grave. Las autoridades indicaron que la investigación se mantiene abierta para determinar la responsabilidad individual de cada trabajador y garantizar una reparación integral a las víctimas.
El caso ha puesto de relieve la necesidad de fortalecer los mecanismos de supervisión estatal sobre los servicios privados de cuidado infantil en el país asiático para prevenir la vulneración de derechos en sectores vulnerables.
