La Junta Nacional de Justicia (JNJ) de Perú aprobó el lunes la apertura de una investigación preliminar contra Piero Corvetto, jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), tras las irregularidades registradas durante las Elecciones Generales 2026, que dejaron a 63.300 ciudadanos sin votar debido a la falta de material electoral en diversos centros.
Inicio de la investigación
La decisión fue adoptada por unanimidad durante un pleno extraordinario, convocado tras múltiples denuncias ciudadanas difundidas en medios de comunicación. Según el comunicado oficial, la medida responde a la necesidad de esclarecer lo ocurrido durante la jornada electoral.
Las irregularidades se registraron principalmente por la ausencia de material electoral en varios centros de votación, lo que obligó a extender el proceso electoral por un día adicional para garantizar el derecho al sufragio.
La JNJ precisó que la investigación se realizará en el marco de sus competencias constitucionales, asegurando el respeto al debido proceso y los derechos de los involucrados.
Solicitudes adicionales y evaluación
En la misma sesión, la Junta resolvió solicitar a la Dirección de Evaluación y Ratificación la elaboración de un informe detallado sobre el proceso de ratificación de Corvetto. Este documento permitirá contar con mayores elementos para el análisis institucional.
El organismo enfatizó que todas las acciones se desarrollarán con base en criterios legales y técnicos, sin adelantar conclusiones sobre responsabilidades.
Estas medidas buscan reforzar la transparencia del sistema electoral y garantizar la confianza ciudadana en los procesos democráticos.
Contexto: irregularidades y detenciones
El inicio de esta investigación ocurre en un contexto de cuestionamientos al proceso electoral. La falta de material electoral afectó directamente a miles de votantes, generando críticas sobre la logística y planificación del organismo electoral.
Además, la Policía Nacional de Perú informó la detención de José Edilberto Samamé Blas, gerente de Gestión Electoral de la ONPE, por un presunto delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales.
Este hecho se suma a las investigaciones en curso y amplía el alcance de las indagaciones sobre posibles responsabilidades administrativas y penales en el desarrollo de los comicios.
Impacto en el proceso electoral
Las autoridades buscan determinar las causas que provocaron la falta de material y evaluar posibles fallas en la cadena de distribución electoral. La extensión de la jornada electoral evidenció la magnitud del problema.
El caso se perfila como uno de los principales desafíos institucionales tras las elecciones generales de 2026, en un contexto donde la transparencia y la eficiencia del sistema electoral son claves para la estabilidad democrática.
