El exgobernador venezolano Alfredo Díaz, de 55 años, murió este sábado 6 de diciembre en la prisión de El Helicoide de Caracas, según denunció la oposición, que atribuye el hecho a una “injusta condena” y pide responsabilidades al Gobierno.

La Plataforma Unitaria Democrática informó del deceso y afirmó que Díaz, de 55 años, era un dirigente inocente sometido a un proceso sin garantías. El anuncio generó inmediata reacción política y social, pues su muerte ocurrió tras un año de encarcelamiento y en condiciones de aislamiento. La coalición opositora aseguró que su fallecimiento confirma la grave situación de los presos políticos en Venezuela , especialmente aquellos recluidos en centros denunciados por organismos internacionales.

Denuncias sobre condiciones de encarcelamiento

El director de la ONG Foro Penal, Alfredo Romero, afirmó en su cuenta de X que Alfredo Díaz llevaba meses en aislamiento y sin atención médica adecuada. Romero exigió al Gobierno venezolano que informe de manera inmediata las causas del fallecimiento, recordando que el Estado es responsable de garantizar la vida y la salud de las personas bajo su custodia.

La viuda del dirigente, Leynys Malavé, también reclamó explicaciones y señaló que su esposo había denunciado reiteradamente maltratos. Según sus declaraciones, Alfredo Díaz presentó síntomas que requerían atención médica urgente, la cual habría sido negada por las autoridades penitenciarias.

Reacciones de líderes opositores

El dirigente opositor Leopoldo López se pronunció desde el exterior, catalogando a El Helicoide como un “centro de tortura”. López aseguró que Díaz solicitó asistencia médica durante meses sin recibirla. “Lo mataron”, afirmó, tras señalar que su muerte no puede considerarse un caso aislado, sino parte de un patrón de abusos.

De igual forma, los líderes opositores María Corina Machado y Edmundo González difundieron un comunicado conjunto en el que responsabilizaron directamente al Gobierno de Nicolás Maduro. Indicaron que Alfredo Díaz estaba en “custodia arbitraria” y que su fallecimiento representa una grave violación de derechos humanos atribuible al Estado.

Contexto político y antecedentes del caso

Las autoridades detuvieron a Alfredo Díaz en noviembre de 2024 mientras viajaba hacia la frontera con Colombia tras las controvertidas elecciones presidenciales. Lo trasladaron primero a un centro de detención no revelado y lo mantuvieron incomunicado durante varios días antes de ingresarlo formalmente a El Helicoide, situación que la oposición calificó como desaparición forzada.

En noviembre de este año, Amnistía Internacional Américas calificó su arresto como una “detención arbitraria” motivada por su perfil político. La organización aseguró que las autoridades sometieron a Alfredo Díaz a desaparición forzada durante los primeros días y advirtió que los presos políticos corrían riesgo en centros con denuncias de tortura.

Exigencia de responsabilidades

Machado y González señalaron que la muerte de Alfredo Díaz se suma a una cadena de fallecimientos de presos políticos ocurridos en el contexto de la represión posterior a las elecciones. Afirmaron que las autoridades deben investigar cada uno de estos casos y exigir que los responsables rindan cuentas ante instancias nacionales e internacionales

La Plataforma Unitaria también sostuvo que la muerte del exgobernador no puede tratarse como un fallecimiento común, sino como un crimen de Estado. Enfatizaron que la responsabilidad recae en quienes lo mantuvieron detenido sin garantías y en condiciones que violan normas internacionales sobre trato a personas privadas de libertad.

Llamado a organismos internacionales

Diversas organizaciones de derechos humanos reiteraron su preocupación por la situación de los detenidos políticos en Venezuela. Recordaron que distintos informes señalan reiteradamente a El Helicoide como un centro donde se cometen torturas y otras violaciones a los derechos fundamentales.

Foro Penal y otras ONG pidieron la intervención de instancias como la ONU y la CIDH para supervisar las condiciones de reclusión. Asimismo, exigir transparencia en los informes médicos y forenses relacionados con el fallecimiento.