La transparencia en el uso de recursos públicos no puede depender de la voluntad de un funcionario. La ley manda que toda información relacionada con obras, contratos, presupuestos y gastos estatales debe estar disponible de manera clara y oportuna.
El acceso a esos datos es un derecho y una herramienta fundamental para vigilar la gestión pública y combatir posibles abusos o irregularidades.
La Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece con claridad que las instituciones estatales deben facilitar información sobre asuntos de interés público; pero todavía hay entidades que actúan con opacidad, retrasan respuestas o niegan información que debería estar abierta sin necesidad de insistencias judiciales o reclamos formales.
Recientemente, un municipio manabita tuvo que ofrecer disculpas públicas a una organización ciudadana tras vulnerar el derecho de acceso a información. Ese fallo, emitido por un juez, ratifica que las instituciones no pueden manejar recursos estatales bajo criterios de secretismo. Aun así, lo ideal sería evitar estos conflictos mediante políticas permanentes de transparencia activa.
Mientras más información haya sobre el destino de los impuestos, mayor será la confianza ciudadana en las instituciones.
