Las Fuerzas Armadas del Ecuador ejecutaron operativos entre el 1 y 3 de mayo de 2026 en varias provincias para frenar la minería ilegal en Ecuador, considerada amenaza clave a la seguridad, economía y ambiente.
Las Fuerzas Armadas desplegaron acciones en al menos cuatro provincias. Los operativos se concentraron en zonas identificadas como críticas por presencia de minería ilegal. El objetivo fue debilitar estructuras logísticas y económicas.
En la provincia de Loja, el personal militar intervino en el Parque Nacional Podocarpus. Allí inhabilitó bocaminas y campamentos utilizados para la extracción ilegal de oro. Esta zona es considerada altamente sensible por su valor ecológico.
También en Loja, en el cantón Calvas, los militares desarticularon actividades ilegales. Durante el operativo se inhabilitó una bocamina. Con ello, se cortó una fuente directa de explotación ilícita.
Operativos contra minería ilegal en Ecuador
En Morona Santiago, específicamente en San Juan Bosco, las Fuerzas Armadas ejecutaron otra intervención. El personal militar inhabilitó maquinaria y destruyó campamentos vinculados a estas actividades. Estas acciones buscan reducir la capacidad operativa de los grupos ilegales.
En la Amazonía, en la provincia de Orellana, se realizaron operativos en Francisco de Orellana. Allí se inhabilitaron campamentos y maquinaria empleada en minería ilegal.
Mientras tanto, en la provincia del Carchi, en el cantón Tulcán, los militares incautaron e inhabilitaron material utilizado en minería ilegal. Estas acciones debilitan redes ilícitas en la frontera norte.
Impacto de la minería ilegal en Ecuador
El combate a la minería ilegal en Ecuador es prioritario para el Gobierno. Esta actividad financia directamente al crimen organizado. Además, sirve para blanquear dinero del narcotráfico y sostener otras economías ilícitas.
Reportes oficiales indican que el oro ilegal es una fuente clave de ingresos. En algunas zonas, incluso supera al narcotráfico en rentabilidad. Esto ha convertido a la minería ilegal en un eje estratégico de las mafias.
Las cifras reflejan la magnitud del problema. En 2025, las operaciones militares generaron afectaciones por más de 633 millones de dólares, superando los 557 millones de dólares de 2024. En 2026, las pérdidas para estas economías ilícitas ya se acercan a 2.000 millones de dólares.
Daño ambiental y pérdidas económicas
El impacto económico también es significativo. Se estima que la minería ilegal mueve cientos de millones al año. Este dinero no ingresa al Estado en forma de impuestos o regalías.
En contraste, la minería legal aporta cerca de 1.000 millones de dólares anuales al fisco. La diferencia evidencia el costo fiscal de la actividad ilegal.
El daño ambiental es otro frente crítico. La minería ilegal contamina ríos con mercurio y otros químicos. Esto afecta el acceso al agua potable y la biodiversidad.
Además, la deforestación avanza en zonas protegidas. Ecosistemas como la Amazonía enfrentan impactos que podrían ser irreversibles. También se reporta desplazamiento de comunidades y explotación laboral.
