En el marco del cierre del primer año de gestión de la Asamblea Nacional, la investigadora del Observatorio Legislativo, María Andrea Coronel, analizó el desempeño del Parlamento este viernes 15 de mayo de 2026 durante una entrevista en el espacio Manavisión Plus. Coronel describió el periodo como una "gestión de contraste", donde coexiste una alta producción normativa con una marcada dependencia de la agenda del Poder Ejecutivo y una eficacia limitada en las funciones de control político.

Según los datos presentados por la experta, el Legislativo ha aprobado 22 leyes en este periodo. No obstante, el 40% de estas normativas corresponden a iniciativas enviadas por el Presidente de la República, principalmente bajo la figura de proyectos económicos urgentes. En contraposición, de los más de 280 proyectos de ley presentados por los legisladores, apenas dos han logrado ser aprobados, lo que cuestiona la capacidad del Parlamento para marcar una agenda propia e independiente de Carondelet.

Deuda en fiscalización y procesos de control estancados

En materia de fiscalización, el informe del Observatorio revela un escenario de estancamiento. De los siete juicios políticos presentados, solo dos finalizaron en la censura y destitución de autoridades, mientras que los cinco restantes fueron archivados en etapas iniciales. Coronel subrayó que muchos de estos archivos se fundamentaron en cuestiones de forma y no de fondo, lo que genera dudas sobre las motivaciones políticas detrás de la paralización de estos procesos de control.

Asimismo, temas de alta relevancia social como el caso Progen, las investigaciones sobre la crisis de salud y las movilizaciones sociales han perdido relevancia dentro del debate parlamentario. La investigadora enfatizó que la Asamblea Nacional tiene la obligación de concretar estos procesos pendientes antes de abrir nuevos frentes coyunturales que, en ocasiones, funcionan como distractores de los problemas estructurales que afectan a la ciudadanía.

Calidad técnica y desafíos de constitucionalidad

Un punto crítico señalado en la evaluación es la calidad de las leyes producidas. De las 22 normativas aprobadas, dos fueron declaradas inconstitucionales por la Corte Constitucional y otras seis enfrentan demandas actualmente. Esto se debe, según Coronel, a falencias técnicas tanto en el fondo como en la forma, así como al incumplimiento del principio de unidad de materia, lo que debilita la seguridad jurídica del país.

La experta también advirtió sobre la falta de participación ciudadana en el tratamiento de leyes urgentes. Debido a que estos proyectos deben tramitarse en apenas 30 días, el espacio para que la sociedad civil y colectivos expertos aporten sus perspectivas se reduce drásticamente. Esta celeridad ha provocado que la legislatura trabaje casi exclusivamente en torno a las prioridades del Ejecutivo, dejando de lado el cumplimiento de la agenda legislativa ordinaria, que registra apenas un 20% de avance.

Gasto público y falta de transparencia institucional

En cuanto al manejo de los recursos, el Observatorio cuestionó la coherencia del discurso de austeridad frente al gasto real. Se detalló que las sesiones itinerantes promovidas por la administración de Niels Olsen tienen un costo aproximado de 30.000 dólares por movilización. Además, se criticó el incremento de beneficios económicos, como los gastos de residencia de hasta 1.446 dólares para legisladores y 900 dólares para ciertos asesores que no residen en Quito.

La transparencia en las sesiones del Pleno también fue objeto de análisis. El oficialismo acaparó el 54% de las intervenciones, mientras que bancadas de oposición como la Revolución Ciudadana alcanzaron solo el 27%. La investigadora denunció que no existe transparencia sobre el orden de los pedidos de palabra, lo que impide saber si el silencio de ciertos legisladores es por voluntad propia o por una restricción de la presidencia de la Asamblea.

Polarización y el ascenso de los independientes

La estructura política de la Asamblea ha sufrido cambios significativos con el registro de 12 bajas en las bancadas originales, principalmente de la Revolución Ciudadana y Pachakutik, según la investigadora. Estos legisladores, ahora bajo la figura de independientes, suman 13 curules que se han convertido en votos decisivos, alineándose frecuentemente con las posturas del oficialismo. Coronel instó a la ciudadanía a evaluar la coherencia entre las promesas de campaña y el accionar real de estos representantes.

Esta falta de autonomía y los cuestionamientos sobre la calidad del trabajo legislativo han contribuido a que la Asamblea Nacional siga siendo una de las instituciones con menor confianza ciudadana, según Coronel. La evaluación del Observatorio Legislativo concluye que, de cara a los próximos procesos electorales, es imperativo que los ciudadanos ejerzan un control social riguroso sobre el desempeño de sus elegidos para fortalecer la democracia parlamentaria.