La madrugada de este martes 5 de mayo, la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Policía Nacional ejecutaron nueve allanamientos simultáneos en la provincia de Pichincha, en el marco de una investigación por el presunto delito de concusión. El operativo, motivado por denuncias de solicitudes de sobornos por parte de servidores públicos, resultó en la detención de siete ciudadanos con fines investigativos.
De acuerdo con los reportes oficiales, las diligencias se distribuyeron entre domicilios particulares y las oficinas de una entidad pública cuya identidad no ha sido precisada por las autoridades para no entorpecer el proceso judicial. Durante las incursiones, equipos especializados de Criminalística y agentes fiscales procedieron a la fijación y levantamiento de evidencias físicas y digitales.
Operativos se dieron durante la madrugada
Entre los indicios recabados por los peritos se encuentran teléfonos celulares, documentos institucionales, computadoras y diversos dispositivos de almacenamiento de datos. En los registros visuales compartidos por la Fiscalía a través de sus canales oficiales, se observa a los agentes revisando minuciosamente documentación en despachos de oficina.
"Como resultado de la acción —que incluyó domicilios y una institución pública—, 7 personas fueron detenidas con fines investigativos. Además, se incautaron terminales móviles, documentos, computadoras y dispositivos de almacenamiento, entre otros indicios", informó textualmente la FGE.
La respectiva audiencia de formulación de cargos
El Código Orgánico Integral Penal (COIP) define el delito de concusión como aquel cometido por un funcionario público que, abusando de su cargo o funciones, exige o hace pagar contribuciones, rentas, intereses, sueldos o gratificaciones no debidas para beneficio propio o de terceros.
La investigación actual se centra en determinar la magnitud de la estructura y si existen más personas implicadas en la solicitud de pagos ilícitos a cambio de servicios o gestiones dentro del aparato estatal. Los siete detenidos han sido puestos a órdenes de las autoridades competentes para la respectiva audiencia de formulación de cargos, mientras que los elementos incautados ingresaron en cadena de custodia para su posterior análisis forense.
