La asambleísta Mónica Palacios, de la Revolución Ciudadana, presentó una noticia criminis ante la Fiscalía General del Estado, en Quito, para que se investiguen presuntos delitos vinculados a tráfico de influencias y asociación ilícita, relacionados con autoridades legislativas y judiciales.

Presuntos nexos

La denuncia presentada por Palacios solicita que la Fiscalía investigue a la primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Mishel Mancheno, por presuntos nexos con Mario Godoy, actual presidente del Consejo de la Judicatura. Según la legisladora, existirían relaciones personales y empresariales que ameritan revisión penal.

De acuerdo con la información expuesta, Palacios pidió que se analicen posibles conexiones entre Mancheno y Godoy, debido a antecedentes profesionales y relaciones cercanas que podrían influir en decisiones institucionales. La asambleísta aclaró que su acción busca que las autoridades competentes verifiquen los hechos denunciados.

"Son cosas que se pide a la Fiscalía que se investigue", afirmó Mónica Palacios, al ampliar la denuncia presentada. La legisladora sostuvo que la investigación permitiría aclarar si existen responsabilidades penales.

Antecedentes señalados en la denuncia

Durante su intervención pública, Palacios mencionó que Mario Godoy fue abogado defensor de los hermanos Larrea, quienes registran sentencias por delitos relacionados con sustancias sujetas a fiscalización. Este antecedente fue incluido como parte del contexto que, según la asambleísta, debe ser revisado.

Además, Palacios señaló que el esposo de Mishel Mancheno, Álvaro Guibernau, mantendría una relación cercana con Godoy y figura como presidente de Noboa Trading, empresa que tendría una investigación abierta en la Fiscalía por un presunto delito relacionado con tráfico de drogas.

También mencionó el denominado caso Altares, en Riobamba, donde estaría involucrado un primo de la vicepresidenta de la Asamblea por un presunto tráfico de influencias. Según Palacios, un amigo cercano de Mancheno ocuparía la Dirección del Consejo de la Judicatura en Chimborazo.

Advertencias y nuevas acciones

La asambleísta afirmó que, hasta el momento, ninguno de estos hechos habría sido investigado de manera integral por las autoridades judiciales. En ese contexto, advirtió que insistirá en nuevas acciones legales.

"Si hasta la próxima semana la Fiscalía no hace nada, vendré a presentar otra noticia criminis", declaró Mónica Palacios, al referirse a otro proceso que, según dijo, tampoco registra avances.

Palacios también aludió al caso de Jenny Ramírez, señalando que la Fiscalía no habría investigado presuntas conexiones entre Cynthia Gellibert y su empleada doméstica Shirley Palma, madre de Ramírez. Indicó que, según su fiscalización, la joven habría intentado adquirir 93 hectáreas por 2,3 millones de dólares, sin justificar el origen de los recursos.

La asambleísta aseguró que existirían vínculos que deben aclararse entre Daniel Noboa, Cynthia Gellibert y Jenny Ramírez, por lo que insistió en que la Fiscalía actúe conforme a sus competencias legales.