La Subdirectora Nacional de Unidad Popular, Mery Zamora, presentó documentos oficiales que contradicen las declaraciones del Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre una supuesta deserción masiva de afiliados. Según la dirigente, las cifras entregadas por el propio organismo técnico demuestran que la organización mantiene su vigencia legal y política.
Zamora calificó el intento de cancelación como una trama fraudulenta orquestada desde el poder ejecutivo. El movimiento asegura que el informe presentado por Diana Atamaint carece de sustento jurídico y técnico, por lo que exigen el archivo inmediato de cualquier proceso administrativo que pretenda inhabilitar sus candidaturas para los próximos comicios.
Inconsistencias en las cifras del organismo electoral
La controversia escaló tras la entrega de una certificación por escrito del CNE el pasado 13 de abril. Mery Zamora explicó que el número real de desafiliaciones registradas entre 2020 y 2026 es de apenas 1483 personas. Esta cifra representa el 0,7% de afiliaciones del movimiento, un número que dista drásticamente de las 175.000 bajas que mencionaba inicialmente la presidenta del ente electoral, Diana Atamaint.
Con estos datos en mano, la directiva sostiene que no existe causal para la eliminación del registro. El 0,7% de afiliaciones es el porcentaje oficial que certifica la estabilidad de su padrón interno. Para la dirigencia, esto evidencia un manejo irregular y una falta de rigor en la gestión de la información pública, lo que pone en riesgo la democracia en el país.
El Código de la Democracia y los plazos legales
Unidad Popular fundamenta su defensa no solo en las cifras, sino también en el marco legal vigente. Zamora recordó que el artículo 327 del Código de la Democracia establece límites temporales estrictos para la cancelación de organizaciones. Según la normativa, cualquier proceso de este tipo debía concluir al menos 120 días antes de la convocatoria oficial a elecciones, plazo que venció el 3 de abril.
Al haberse superado esta fecha límite, el CNE no tiene facultad para proceder con la inhabilitación del movimiento. El 0,7% de afiliaciones confirma que la base social está intacta y protegida por la ley. La organización exige que los consejeros actúen con objetividad, respetando los términos legales y garantizando el derecho de participación política de sus adherentes.
Convocatoria a movilizaciones y asamblea provincial
A pesar del conflicto administrativo, Unidad Popular mantiene su agenda de trabajo territorial. El próximo 25 de abril se llevará a cabo la asamblea provincial en Manabí, específicamente en el sindicato de trabajadores del municipio de Portoviejo. En este espacio se definirán las estrategias para los 22 cantones y las 56 parroquias rurales de la provincia.
Durante este evento, la militancia conocerá a los aspirantes a la prefectura y otras dignidades locales. El 0,7% de afiliaciones en proceso de retiro no detiene el avance de sus cuadros, quienes buscan consolidar alianzas estratégicas y presentar proyectos sólidos para la recuperación del bienestar ciudadano en la región manabita.
Persecución política y control institucional
Para Mery Zamora, las acciones del CNE responden a una estrategia de persecución política dirigida desde Carondelet. El objetivo sería "allanar el camino" para que el actual gobierno de Daniel Noboa no tenga opositores de izquierda en la papeleta electoral. La líder política sostiene que se pretende inventar informes fraudulentos para sacar de la contienda a los movimientos sociales.
La defensa técnica ha sido respaldada por expertos electorales que coinciden en la ilegalidad del proceso iniciado por el CNE. El 0,7% de afiliaciones reales desbarata la narrativa oficialista que buscaba debilitar al partido. Esta situación ha sido denunciada como un atentado a la libertad, donde la operadora electoral actúa bajo presiones del poder central para silenciar voces críticas.
Situación económica y rechazo a las medidas de Noboa
La crítica de Unidad Popular se extiende a la política económica del gobierno actual. Zamora denunció el incremento histórico en el precio de los combustibles, señalando que las gasolinas Eco, Extra y el diésel ya superan o bordean los 3 dólares. A esto se suma el aumento de impuestos en 60 productos básicos, elevando el costo de la canasta familiar.
Bajo la consigna de que "no hay plata que alcance", el movimiento se prepara para participar en las marchas del 1 de mayo. El 0,7% de afiliaciones perdidas no afecta la capacidad de convocatoria para unirse al FUT y la UNE. La organización se mantiene firme en las calles, exigiendo un cambio de rumbo y denunciando la crisis que golpea al pueblo.
Presencia confirmada en la papeleta electoral 2026
Finalmente, Zamora fue enfática al asegurar que Unidad Popular listas número 2 estará presente en el proceso electoral que el CNE ratificó para noviembre del 2026. Tras demostrar que los ataques carecen de base técnica, el movimiento se enfoca en fortalecer su estructura nacional para enfrentar lo que consideran un modelo neoliberal y antipopular liderado por Daniel Noboa.
El respaldo jurídico y social ha sido clave para frenar el intento de cancelación. El 0,7% de afiliaciones es la prueba máxima de que la organización cumple con los requisitos legales. Con el apoyo de los sectores populares, el partido promete una lucha frontal contra la corrupción y la defensa de la soberanía nacional en las urnas.
