El 2025 marca medio siglo de vida institucional para la Confederación Nacional de Jubilados y Pensionistas de Montepío del Ecuador (CNJE). Pero lejos de celebraciones, el aniversario llega en un momento, según sus representantes, de profunda precariedad y abandono. Desde Quito, el gremio lanzó un llamado urgente al presidente Daniel Noboa, exigiendo atención a un sector que, según denuncian, “sobrevive con indignidad y en el olvido”.
La presidenta de la CNJE, Rosario Muñoz, sostiene mediante un comunicado, que “una vida de esfuerzo no puede terminar en el silencio del Estado”. En su declaración, hace énfasis en que el colectivo jubilado fue decisivo en las últimas elecciones, con la esperanza de que sus derechos volvieran a la agenda pública. “Hoy nos manifestamos con esperanza, pero también con firmeza. No estamos dispuestos a seguir permitiendo esta situación”, recalca.
El rostro humano detrás de las cifras de la CNJE
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En Ecuador hay más de 744.000 jubilados, de los cuales 500.000 lo son por vejez.
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La mayoría sobrevive con pensiones entre 225 y 450 dólares, mientras la canasta básica supera los 700 dólares mensuales.
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La espera por atención médica en el IESS puede durar meses, generando angustia y frustración.
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A esto se suman largas filas, escasez de medicamentos e infraestructura médica colapsada.
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El Estado mantiene una deuda de más de 24.000 millones de dólares con el sistema de pensiones.
La CNJE recuerda que detrás de cada número hay vidas: maestras, agricultores, obreros, servidores públicos. “El sistema de salud del IESS está al borde del colapso, y las pensiones no alcanzan ni para vivir con lo mínimo. Esta situación no es solo injusta, es inhumana”, denuncia. Muñoz.
Cinco exigencias para el Gobierno
El pasado 21 de abril de 2025, la Confederación envió una solicitud formal al Ejecutivo. Hasta la fecha, señalan que no han recibido respuesta. Ante el silencio oficial, los jubilados presentaron cinco propuestas concretas que consideran básicas e impostergables:
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Reforma integral de la Ley de Seguridad Social, que responda a la realidad del país y proyecte sostenibilidad futura.
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Reducción de la burocracia en IESS y BIESS, aplicando reingeniería institucional, concursos por méritos y combate a la corrupción.
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Atención prioritaria en salud, con reorganización de unidades médicas, entrega oportuna de medicamentos y trato digno.
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Pensiones ajustadas al costo de vida, con beneficios solidarios para quienes reciben menos ingresos.
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Plan de pago de la deuda estatal, con garantía del 40 % anual para el financiamiento de las pensiones.
“No pedimos privilegios, exigimos justicia”
La CNJE advierte que está dispuesta a colaborar con el Gobierno en la construcción de soluciones, pero también a movilizarse si es necesario. “Exigimos ser escuchados. Luchamos por igualdad, solidaridad y justicia”, concluye Muñoz en el documento.
Los jubilados destacan que su reclamo no se trata de una súplica ni de caridad. Es un llamado a la responsabilidad histórica del Estado, a reconocer que el desarrollo del país también se levantó sobre las espaldas de quienes hoy envejecen entre carencias y olvidos.
