El Consejo de la Judicatura anunció acciones inmediatas para fortalecer la seguridad de jueces y funcionarios judiciales, luego del asesinato de la magistrada Lady Pachar Huanga en Machala, provincia de El Oro. El crimen ocurrió el lunes 11 de mayo de 2026 y generó preocupación dentro de la Función Judicial.
La jueza fue atacada mientras se movilizaba en un vehículo por la avenida Colón Tinoco, cerca de la ciudadela Machalilla, en el sur de Machala. Según reportes oficiales, el hecho se registró alrededor de las 18:00.
Dos días después del crimen, la presidenta del Consejo de la Judicatura, Mercedes Caicedo, dispuso la adopción de medidas urgentes para enfrentar los riesgos que afectan a operadores judiciales en varias provincias del país.
Judicatura instalará mesas técnicas de seguridad
Durante la sesión ordinaria Nro. 055-2026, desarrollada el 12 de mayo, la Judicatura resolvió instalar mesas técnicas con participación de la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces (Aemaj) y delegados provinciales.
Además, el organismo anunció que propondrá la creación de un Departamento de Coordinación con el Ministerio del Interior. El objetivo será agilizar la atención de solicitudes de seguridad presentadas por servidores judiciales.
La presidenta del CJ también ordenó levantar información detallada sobre las condiciones de seguridad en dependencias judiciales de todo el país.
Entre los datos requeridos constan reportes de amenazas, casos vinculados con crimen organizado y el número de funcionarios que actualmente cuentan con protección policial permanente o monitoreo preventivo.
Las medidas reflejan la creciente preocupación institucional frente a hechos violentos dirigidos contra operadores de justicia. En varias provincias, jueces y fiscales denunciaron amenazas relacionadas con procesos penales sensibles.
Judicatura enfrenta presión tras crimen de magistrada
Luego del asesinato de Lady Pachar, la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces exigió respuestas inmediatas al Consejo de la Judicatura y al Ministerio del Interior.
El gremio pidió medidas "reales y efectivas" de protección para garantizar el ejercicio seguro e independiente de la administración de justicia en Ecuador.
"Esta situación evidencia el grave deterioro de las condiciones mínimas para el ejercicio independiente y seguro de la administración de justicia", señaló la organización mediante un pronunciamiento público.
La muerte de la magistrada también reactivó el debate sobre la vulnerabilidad de funcionarios judiciales frente al avance del crimen organizado.
Seguridad judicial preocupa en varias provincias
En los últimos años, Ecuador registró amenazas, atentados y hechos violentos contra jueces, fiscales y abogados vinculados a casos de alto impacto.
Las autoridades reconocen que organizaciones criminales intentan intimidar a operadores de justicia mediante presiones y ataques directos. Por ello, distintas instituciones analizan nuevos mecanismos de protección.
El Oro figura entre las provincias golpeadas por disputas criminales vinculadas con narcotráfico y delitos violentos. Machala y Santa Rosa concentran operativos constantes ejecutados por fuerzas de seguridad.
Mientras avanzan las investigaciones sobre el asesinato de Lady Pachar, la Judicatura mantiene reuniones técnicas y evaluaciones internas para definir nuevas estrategias de protección a escala nacional.
