Ecuarunari, Yasunidos y el Frente Nacional Antiminero presentaron el lunes 16 de marzo de 2026 una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional contra la Ley de Minería y Energía aprobada por la Asamblea Nacional. Las organizaciones sostienen que la normativa vulnera derechos constitucionales de la naturaleza y de pueblos y nacionalidades, por lo que solicitan medidas cautelares para suspender su vigencia mientras el tribunal analiza el caso.
Organizaciones cuestionan la normativa minera
Representantes de Ecuarunari, Yasunidos y el Frente Nacional Antiminero acudieron este lunes a la sede de la Corte Constitucional para formalizar la demanda contra la ley aprobada por la Asamblea Nacional. Las organizaciones sostienen que la normativa fue aprobada con carácter de económico urgente, lo que permitió su tratamiento acelerado en el Legislativo. Según los denunciantes, ese proceso limitó el debate sobre sus efectos ambientales y sociales.
En el documento entregado al tribunal se solicita que el organismo disponga medidas cautelares para suspender la vigencia de la ley, mientras se analiza el contenido y se emite un dictamen definitivo sobre su constitucionalidad. Los demandantes afirman que la ley vulnera principios constitucionales relacionados con la protección de la naturaleza y los derechos colectivos de pueblos y nacionalidades.
Leonidas Iza, presidente de Ecuarunari y excandidato presidencial, sostuvo que el país enfrenta una decisión entre dos enfoques sobre el desarrollo extractivo. "El país enfrenta una dicotomía entre respetar los derechos consagrados en la Constitución o garantizar intereses vinculados a empresas transnacionales y privadas", afirmó Iza durante la presentación de la demanda. Además, el dirigente señaló que existen preocupaciones sobre la relación entre el sector privado y el poder político, un tema que mencionó al explicar la postura de las organizaciones.
Cuestionamientos sobre controles ambientales
El colectivo Yasunidos también presentó observaciones sobre disposiciones incluidas en la normativa aprobada por la Asamblea. Pedro Bermeo, representante de esa organización, indicó que la ley genera cambios en los procesos de autorización de proyectos extractivos. Según explicó, la normativa "elimina la licencia ambiental y deja a discreción del Ejecutivo cómo, cuándo y dónde autorizar qué tipo de proyecto extractivo".
Bermeo agregó que la ley también modifica el proceso de exploración minera. De acuerdo con su explicación, "elimina fases de exploración y las junta en una sola de 15 años", lo que, según el activista, produce impactos en los procedimientos de control existentes. El representante de Yasunidos señaló que las fases eliminadas antes debían atravesar procesos como la consulta previa, libre e informada y la evaluación ambiental.
Proceso en la Corte Constitucional
La demanda presentada solicita que la Corte Constitucional analice tres puntos específicos de la ley. Las organizaciones argumentan que esos artículos contravienen disposiciones de la Constitución relacionadas con los derechos de la naturaleza y de comunidades indígenas. El tribunal deberá revisar el recurso y decidir si admite el trámite. Si la causa es aceptada, los jueces evaluarán la solicitud de medidas cautelares para suspender temporalmente la norma.
La decisión final corresponderá al pleno del organismo, que determinará si los artículos cuestionados se mantienen vigentes o si deben ser modificados o anulados. El proceso se desarrollará conforme al procedimiento establecido para demandas de inconstitucionalidad en Ecuador.
Contexto del debate sobre minería
El debate sobre el marco legal de la actividad minera en Ecuador se mantiene activo desde hace varios años. Diversos sectores sociales, organizaciones ambientales y comunidades han expresado posiciones sobre los impactos de los proyectos extractivos. Por su parte, autoridades y sectores económicos sostienen que la minería es una fuente potencial de ingresos y desarrollo productivo.
La resolución de la Corte Constitucional sobre esta demanda podría marcar un nuevo capítulo en el debate sobre la regulación de la actividad minera en el país.
