La Ley de gasto para municipios y prefecturas avanza al Pleno de la Asamblea Nacional con una regla 70/30 obligatoria desde 2028. El informe para segundo debate superó la votación en Comisión y abrió la fase definitiva.
La Comisión de Desarrollo Económico aprobó el informe con seis votos a favor, dos en contra y una abstención. Con esa decisión, la Ley de gasto para municipios y prefecturas quedó lista para el tratamiento final en el Pleno.
Ley de gasto para municipios y prefecturas divide a las bancadas
El proyecto llegó con carácter urgente por iniciativa del presidente Daniel Noboa y establece límites obligatorios para el manejo presupuestario de municipios y prefecturas. Además, fija criterios de control para fortalecer la disciplina fiscal en los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD).
La sesión virtual reflejó una marcada polarización política desde el primer debate realizado el 14 de febrero. La bancada oficialista ADN respaldó el informe, mientras Revolución Ciudadana votó en contra y reiteró objeciones de fondo.
Regla 70/30 obligatoria desde 2028
El eje central de la Ley de gasto para municipios y prefecturas establece la denominada regla fiscal 70/30. Esta disposición obliga a los GAD a destinar el 70 % de su presupuesto a inversión pública y solo el 30 % a gasto corriente.
Sin embargo, el texto incorpora una aplicación progresiva hasta 2028. Con este ajuste, la comisión busca facilitar la transición financiera y atender observaciones planteadas durante las comparecencias legislativas.
Argumentos oficiales y control fiscal
Los legisladores oficialistas defendieron la propuesta con base en hallazgos de la Contraloría General del Estado y reportes del Ministerio de Economía y Finanzas. Según expusieron, auditorías detectaron desvíos de recursos hacia actividades no prioritarias mientras permanecen obras inconclusas.
Durante la sesión, mencionaron cifras concretas. En El Oro, 18 auditorías derivaron en 26 indicios de responsabilidad penal; Pichincha registra 17 indicios y Guayas, 8, datos que respaldaron la votación mayoritaria.
El proyecto dispone que el Ministerio de Economía ejecute una vigilancia trimestral del gasto de municipios y prefecturas. Esta supervisión buscará garantizar que los recursos públicos prioricen inversión y reduzcan desequilibrios presupuestarios.
Oposición cuestiona constitucionalidad
La bancada de Revolución Ciudadana reiteró su rechazo y calificó la Ley de gasto para municipios y prefecturas como inconstitucional. Sus legisladores sostienen que la norma afecta la autonomía financiera y debilita el modelo de descentralización vigente.
Además, señalaron que el Estado mantiene deudas históricas con los GAD. Argumentaron que exigir mayores niveles de inversión sin cubrir esas obligaciones podría restringir servicios sociales en territorio.
El presidente de la Asamblea, Niels Olsen, deberá convocar al Pleno para el segundo debate definitivo. En esa instancia, el Legislativo definirá si aprueba o archiva la Ley de gasto para municipios y prefecturas.
